JUPOL advierte a Interior que es necesario incrementar los efectivos policiales que ya se ven superados en número por los inmigrantes irregulares llegados a Gran Canaria

El sindicato JUPOL ha reclamado hoy en Las Palmas de Gran Canaria que se dote de manera urgente de medios materiales y humanos, así como de la puesta en marcha de un protocolo de actuación ante la llegada masiva de inmigración irregular que se está produciendo en los últimos meses a las costas de las Islas Canarias.

Desde la organización sindical mayoritaria en el Consejo de la Policía, el secretario provincial de JUPOL en Canarias, Aarón Tanausu Herrera ha resaltado que “la llegada de inmigrantes en patera a las islas lleva años sufriendo un incremento descontrolado, llegando este año a más de 12.000 inmigrantes irregulares”. Una situación que según Herrera “está provocando que la plantilla de Policía Nacional en Canarias se haya visto sobrepasada en muchas ocasiones por la gran cantidad de migrantes, originando una merma de policías en otros destinos y por ende una menor atención a los ciudadanos, circunstancia que además ha dejado de ser algo puntual o sobrevenido, convirtiéndose en algo habitual y previsto”.

Salida precipitada

Por otro lado, desde JUPOL se ha tenido conocimiento del incremento de vuelos para dar salida de inmigrantes hacía la península en los últimos días. Una circunstancia que, según Pablo Pérez, “coincide con la visita mañana del ministro del Interior”.

El portavoz sindical ha indicado que “esperamos que la visita del ministro sea para aportar soluciones a la situación de extrema gravedad que se vive en Canarias y no solo para hacerse la foto”.

Situación precaria

JUPOL quiere denunciar la precaria situación en la que trabajan los policías que atienden a estos inmigrantes a su llegada, “sin un protocolo de actuación específico para estos casos, sin test PCR a pesar de estar en contacto estrecho con algunos positivos confirmados y en una situación de inferioridad numérica evidente, algo que pone en riesgo a los agentes dada la poca seguridad que existe en las instalaciones en las que realizan la custodia”.

Por este motivo, el portavoz de JUPOL a nivel nacional, Pablo Pérez, se ha desplazado en el día de hoy hasta Las Palmas de Gran Canaria para analizar de primera mano la situación en la que están trabajando los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía en este tipo de dispositivos.

Pérez ha reiterado “la urgente necesidad de tomar medidas, ante una situación perfectamente previsible, que se repite año tras año en nuestras costas, y en el que ni el Ministerio del Interior, ni la Dirección General de la Policía acaban de afrontar con determinación la búsqueda de una solución que garantice la seguridad y salubridad, tanto de los agentes de la Policía Nacional, como de los migrantes”.

Desde JUPOL se insiste nuevamente en la necesidad de instalar un CATE (Centro de Atención Temporal de Extranjeros), que permita atender la llegada de inmigrantes en mejores condiciones de las que se viven a día de hoy en el muelle de Arguineguín.

Falta de efectivos

El portavoz de la organización sindical ha asegurado que “la situación de la llegada de inmigración en Canarias es insostenible, superando ya las cifras de llegada de inmigrantes de la crisis de los cayucos del año 2006”.

Una situación que pone de manifiesto la urgente necesidad de incrementar el número de agentes de la Policía Nacional en Las Palmas de Gran Canaria, “al menos, hasta cumplir con el catálogo de puestos de trabajo de la Dirección General de la Policía”.

Según Pérez, a día de hoy, operan en Las Palmas de Gran Canaria 2.202 agentes de la Policía Nacional, un 88,72% de los que se contemplan en el catálogo de puestos de trabajo. Por lo que desde el sindicato mayoritario de la Policía Nacional, se solicita a la DGP que “aplique los métodos legales de los que dispone, aumento de plantilla mediante concurso, comisiones de servicio o atribución temporal de funciones, para completar de forma urgente la plantilla de Las Palmas de Gran Canaria y garantizar así la seguridad de todos los agentes de la Policía Nacional en la isla ante la llegada masiva de inmigración y en consecuencia la seguridad de los migrantes y de la ciudadanía en general”.

Medidas sanitarias

Ante esta situación de abandono que se vive en las plantillas de la Policía Nacional encargadas de la recepción y custodia de los inmigrantes irregulares, el sindicato mayoritario en la Policía Nacional “ha solicitado de manera urgente al Ministerio del Interior y la Dirección General de la Policía, la distribución de equipos EPI´s en las zonas calientes de llegada de inmigración irregular”, ha aseverado Pablo Pérez.

Para el portavoz de JUPOL, este problema “no se puede prolongar más en el tiempo, es necesario que la DGP y el Ministerio afronten sus responsabilidades y las obligaciones y pongan en marcha un protocolo de actuación eficaz para la recepción y custodia de inmigrantes irregulares y dotar de los medios materiales y humanos suficientes a los agentes de la Policía Nacional que afrontan en este tipo de actuaciones, poniendo en riesgo su salud y la de sus familias.”

Ausencia de Protocolo

JUPOL ha solicitado en reiteradas ocasiones y en todos los ámbitos (local, regional y nacional) la publicación de un protocolo de actuación ante la llegada de pateras, que resuelva el vacío operativo muy importante en zonas como las Islas Canarias. “Esta ausencia de protocolo nacional, no justifica que los responsables policiales y políticos de nuestra provincia no hayan encontrado una solución definitiva” ha añadido Herrera.

Depurar responsabilidades

La ciudadanía de Canarias, asegura Herrera, “cuenta con la colaboración de todos los agentes de la Policía Nacional, agentes que no hacen otra cosa que dejarse la piel en cada servicio, poniendo en peligro para ello su salud, su seguridad y su integridad física en numerosas ocasiones con la improvisación que sufren en los dispositivos originados por la llegada de pateras, algo que desde esta organización sindical no se va a permitir”.

Desde JUPOL “se solicitará que se depuren todas las responsabilidades de cualquier índole, denunciando si es necesario toda infracción de las normas de prevención de riesgos laborales de aquellos que, estando legalmente obligados, no faciliten los medios necesarios para que los policías desempeñen su actividad con las medidas de seguridad e higiene adecuadas”.