Cumpleaños de Ximo Puig: cumple un año negándose a dar a la Justicia la información de las subvenciones a su hermano

El pasado 31 de marzo Ximo Puig cumplió su primer año: el primero del bloqueo en el envío de la información reclamada por la Justicia y relativa a las subvenciones dadas por su Gobierno a las sociedades de su hermano. Un año entero de incumplir con la exigencia de remitir los detalles de unas ayudas públicas valencianas por valor de 1,2 millones de euros que, sumadas a las entregadas por el Gobierno socialista de Aragón y la Generalidad catalana ascienden a un total de dos millones de euros.

La fecha fue el 31 de marzo. Ese día se cumplió un año clavado desde que el Juzgado de Instrucción numero 4 de Valencia que lleva el caso de las subvenciones a las empresas del hermano de Ximo Puig solicitará a la Intervención General de la Generalidad Valenciana documentación sobre las facturas que se presentaron en su momento para justificar las diferentes ayudas públicas. Se trata de la misma información que se le pidió a la Intervención de Cataluña. Y ninguna de las dos ha cumplido con la exigencia en este largo año.

Se trata de una información fundamental porque ambas intervenciones tienen que determinar si las subvenciones fueron debidamente justificadas. La información cobra aún más importancia a la luz de las declaraciones del hermano de Ximo Puig, Francis, en sede judicial, donde admitió que se habían presentado facturas erróneas o duplicadas entre distintas administraciones.

El 31 de marzo del año pasado un auto del Juzgado número 4 de Valencia reclamó al Gobierno de Ximo Puig toda esa información. Todo lo que pudiera aclarar la legalidad o ilegalidad de las "ayudas dirigidas a subvencionar la producción y difusión en valenciano de programas de radio, televisión, a la producción y difusión de prensa escrita y/o digital en valenciano y a la realización de actividades de fomento del valenciano en 2015".

La reclamación de información desde el Juzgado subrayó con claridad el objeto del requerimiento: "La presunta concesión fraudulenta de subvenciones a las empresas Comunicacions Dels Ports (CDP), Mas Mut Producción (MMP) y Canal Maestrat". Se trata de las empresas vinculadas al hermano del presidente Ximo Puig. Pero lo cierto es que el hermano de Francis Puig y presidente autonómico no ha remitido aún nada al Juzgado, retrasando el análisis de la documentación y ganando tiempo ante la cercanía de las elecciones autonómicas y municipales.

Hay que recordar que sólo el Gobierno regional de Ximo Puig ha concedido 1,2 millones en subvenciones a las empresas de su hermano Francis, donde han sido enchufados o pagados desde otro hermano —Jordi—, hasta una cuñada —Eva Sariñena— o el mismo padre —Joaquín—. La exmujer de Ximo Puig también ha sido enchufada, pero de esa colocación se encargó otra trama, la del caso Azud y el extesorero del PSOE y cabecilla de ese escándalo, Pepe Cataluña.

Cuatro tipos de irregularidades

El informe de la Policía Judicial (Equipo de Delitos Económicos), encargado de reclamar esta información de Ximo Puig aseguró ante el Juzgado que "después de examinar la documentación aportada por las empresas y consultas a otros organismos", había detectado "cuatro tipos de irregularidades en la justificación de gastos de las subvenciones efectuada por CDP SA, MMP SL y Canal Maestrat SL".

Una de ellas consistía en "la existencia de facturas (cruzadas) que han podido ser utilizadas para la obtención de las subvenciones en mayor cuantía que la que correspondería". Así por ejemplo, "en la cuenta justificativa de gastos correspondiente al año 2015, CDP habría adjuntado facturas de MMP cuyo abono no ha quedado acreditado; en la cuenta justificativa de 2015 MMP, ha incluido facturas de CDP, cuyo pago tampoco ha quedado acreditado" y "en los años posteriores (2016, 2017 y 2018), también se incluyen facturas de este tipo, cuyo pago no ha podido ser acreditado". Para colmo, "en las solicitudes de Canal Maestrat "también habría facturas de este tipo, cuyo pago no ha podido ser acreditado, al menos en las solicitudes de 2016, 2017 y 2018". Y, estos hechos, según la Policía, "podrían ser constitutivos de un delito continuado de falsedad en documento mercantil de los arts. 392 en relación con art. 390.1.2 Código Penal".

La Policía Judicial constató igualmente "la imputación de gastos realizada al 100% en las solicitudes dirigidas a la Generalidad Valenciana y las dirigidas a la Generalidad de Cataluña (Departamento de la Presidencia)", debido a que se solicitaba "íntegramente la subvención en ambas administraciones, justificando los mismos gastos (gastos del año en curso en la Comunidad Valenciana y del año anterior en Cataluña)".