Antonio Saz, de España Vaciada: "Se nos acaba el tiempo. Sin medidas en dos años, muchos pueblos desaparecerán"

Uno o dos años antes de quedar vacíos por completo. Ese es el plazo del que disponen las zonas más castigadas por la despoblación para tratar de frenar el éxodo de sus cada vez más exiguos habitantes. La España rural se muere demográficamente, víctima de la emigración de los más jóvenes hacia las grandes ciudades en busca de un futuro, y sus vecinos exigen al Gobierno acciones al respecto.

Lo ha explicado a 20minutos Antonio Saz, miembro de Teruel Existe y coordinador del nuevo modelo de desarrollo de las zonas despobladas del movimiento de la España Vaciada, presentado este martes en el Congreso para proponer medidas contra este problema. Un pacto de Estado contra esta lacra es la principal reclamación de estos territorios, acompañada de propuestas como una fiscalidad diferenciada, mejoras en la conectividad a Internet y en la movilidad y una Sanidad y una Educación más accesibles.

¿Cuál es la situación de la España vaciada en estos momentos?

En la España vaciada el problema es persistente desde hace más de 40 años y se nos está agotando el tiempo. Si en un año o dos no hay políticas concretas, habrá muchas poblaciones, muchos pueblecitos, que desaparecerán. Serán muchos los territorios que se quedarán vacíos. Es vital y es básico afrontarlo cuanto antes.

¿En qué consiste este Modelo de Desarrollo de la España Vaciada?

Son 101 medidas y son todas complementarias, no podemos dejar ninguna atrás. El problema de la despoblación no se resuelve con una ni con dos, tiene que ser algo transversal que afecte a todo. Por eso, hemos armado ocho mesas con distintas temáticas. Para mí, quizá la más importante sea la del pacto de Estado. Son políticas que se tienen que empezar a tomar ahora y que tienen que tener una continuidad en el tiempo. No podemos hacer un plan para un año ni para dos, tiene que durar una o dos décadas.

Es un buen inicio. Es importante que tengamos una partida presupuestaria, que la cuestión de la despoblación y de la cohesión territorial esté en la agenda de los políticos. Pero ya no es el momento de hacer planes. Es el momento de tomar medidas, de aplicarlas. Este plan no debe ser un hecho puntual, tiene que ser un cambio de dinámicas. Por eso, pedimos una financiación continuada para este proyecto.

¿Cuándo se podría implantar este modelo que plantean?

Este plan que nosotros presentamos son medidas para poner en marcha, si quiere el Gobierno, en un plazo cortísimo. Son medidas ya desarrolladas y de rápida implantación. No es un plan a futuro, es un plan para ya.

Además, esta batería de propuestas se la vamos a traslada a Reto Demográfico, a las comunidades autónomas, a las diputaciones, a las comarcas... Porque entendemos que este proceso tiene que ser armónico, que estas medidas se tienen que implantar a todos los niveles, que no puede ser una acción puntual de una entidad. Debe ser una acción coordinada de todos.

Entre las medidas que proponen, se encuentra una fiscalidad diferenciada...

Son medidas que creemos que incentivarían tanto la vuelta de pobladores al territorio como la reimplantación de empresas, que se han ido por la falta de recursos. Vamos a implementarlas cuanto antes para revertir el proceso.

También hablan de fiscalidad verde...

Estamos aplicando la mitad de esa fiscalidad. Estamos diciendo: "Quien contamina paga". Evidentemente, el proceso inverso debería existir también: "Quien descontamina, se incentiva". Eso es lo que estamos diciendo. Somos consumidores del CO2 que se produce en las grandes ciudades. Tenemos que revertirlo.

Lo mismo pasa con el tema de las renovables. Somos el territorio que va a soportar su implantación, lo que queremos es un canon para ese estímulo.

¿La idea es que, si el Estado no proporciona los mismos servicios en todas partes, es justo que no paguen los mismos impuestos?

Tiene que haber unos estímulos diferentes en función de los servicios que presta, más todavía cuando lo que queremos es revertir este proceso de despoblación, alcanzar un reequilibrio territorial. Por todo esto, consideramos que esta fiscalidad positiva en estos territorios haría que la dinámica cambiara.

Insisten en la necesidad del plan 100/30/30, ¿no es así?

Sí. Lo que pide el plan 100/30/30 es que todo el territorio español tenga una cobertura de 100 megas de ancho de banda de conectividad a internet; que tengamos a 30 minutos los servicios básicos, como pueden ser la sanidad, seguridad, asistencia de bomberos… y tener a 30 kilómetros una vía de alta capacidad: que puede ser ferroviaria o una autopista o autovía.

¿Eso ahora no se cumple?

No. El sistema carretero es radial, con lo cual deja muchos territorios sin ese servicio. Además, la red ferroviaria es un modelo de origen-destino, con lo cual, lo que hay entre medio se queda sin servicio.

¿El objetivo es que todos los ciudadanos tengan los mismos derechos?

Nuestra función, nuestra labor, es conseguir que ser menos en los territorios no reste derechos; que, por poca población que exista en un territorio, tengan el mismo número de servicios y la misma calidad. Buscamos que todos los españoles podamos decidir dónde queremos vivir y no tener que decidir en función de si es posible crear un futuro para nuestras familias en ese territorio.