Radiografía de un indulto: María Sevilla, la “madre protectora” que la Policía tuvo que localizar con drones

Cuando la Policía Nacional entró en la finca de Villar de Cañas (Cuenca) que vigilaba desde hacía días, se encontró -según su propia versión- que las ventanas estaban casi tapadas con lonas, que en las paredes había anotaciones bíblicas y que dentro de la vivienda vivían dos niños que apenas habían visto la luz del sol en días. De hecho, los agentes tuvieron que vigilar la finca con drones para no ser detectados y hasta el último momento tenían dudas de que el niño que estaban buscando con mayor o menor intensidad desde hacía casi dos años estuviera en la vivienda. No estaba solo. Además de su madre, buscada por la Justicia y presidenta de una asociación llamada Infancia Libre, el niño convivía “en condiciones lamentables” según la Policía Nacional con su padrastro y su hermanastra, varios años menor.

La escena se vivió en marzo de 2019, cuando María Sevilla fue detenida después de estar en paradero desconocido desde diciembre de 2017 y la brigada adscrita a los juzgados tuvo que buscarla por media España. En 2020, la presidenta de Infancia Libre fue condenada a dos años y cuatro meses de prisión por escapar con su hijo, ocultarlo de su padre y tenerlo sin escolarizar durante ese tiempo, además de ser condenada a cuatro años de retirada de la patria potestad. Es decir: cuatro años sin decidir sobre el cuidado de su hijo. 

Ahora, el Gobierno de Pedro Sánchez no solo la ha indultado para que no vaya a prisión. En contra del criterio de la Fiscalía, ha cambiado también los cuatro años sin poder ejercer la patria potestad por 180 días de trabajos comunitarios. Y de camino, la ministra de igualdad Irene Montero habla de ella como una “madre protectora” que merece tanto el perdón como la admiración. Una mujer que intenta apartar a su hijo de los abusos sexuales de su padre. 

Sin embargo, según los tribunales María Sevilla es una “madre protectora” sobre una situación que en realidad no existe. Ella ha denunciado a su expareja en seis ocasiones por presuntos abusos al menor, pero ninguna de las denuncias ha llegado siquiera a la fase de juicio. Y mucho menos a una condena para el padre, que no ha existido nunca. Según la documentación judicial, la pareja vivió sin problemas judiciales varios años, pero las denuncias arrancaron en mitad del proceso de divorcio, que empezó en 2012 y se prolongó hasta 2016, fecha en la que María Sevilla obtuvo la custodia de su hijo, que podía ver a su padre en fines de semana alternos. En 2013, un informe del juzgado ya alertaba de que detrás de las denuncias presentadas por la madre podía haber una “instrumentalización” de la Justicia. 

Retirada de la custodia en 2017

En cualquier caso, el régimen de visitas no se cumplió de forma regular y la presidenta de Infancia Libre decidió cambiar su residencia de Madrid a Granada sin consentimiento del padre de su hijo. Eso provocó que la Justicia le retirase la custodia en diciembre de 2017 y se la entregase a su exmarido, que encadenaba un archivo de denuncia tras otro en el juzgado. Fue entonces cuando ella se borró del mapa, cogió al menor y desapareció.

Unos meses antes, Sevilla comparecía en la Comisión de Derechos del Niño del Congreso de los Diputados de la mano de Podemos, el mismo partido que trató de distanciarse de ella cuando la mujer fue detenida por sustracción de menores y que ahora ha presionado para que el Gobierno de coalición en el que participa le conceda el indulto oficial y el título extraoficial de “madre protectora”, al igual que a Juana Rivas, también indultada.