Paco Ángel SPPLB: “Este juicio llega tarde, pero es completamente de justicia que se celebre”

El caso de los 43 presuntos enchufes del PSOE en Benidorm, con colocaciones y subidas salariales bajo sospecha, tiene por fin fechas para el juicio, quince años después y con peticiones fiscales de penas de hasta cuatro años de prisión y quince de inhabilitación. Las siete sesiones se celebrarán el 6 de noviembre y los días 9, 10, 11, 16, 17 y 18 de diciembre. La Audiencia Provincial de Alicante ha notificado a las partes este calendario del juicio oral, en una causa en la que se dilucidará si los implicados cometieron delitos continuados de prevaricación administrativa, malversación y tráfico de influencias.

Se sentarán en el banquillo los entonces concejales socialistas de Personal y Recursos Humanos y Hacienda, Juan Ramón Martínez y Natalia Guijarro, respectivamente; también, dos sindicalistas, el que era secretario general de UGT en Benidorm y coordinador de Personal y Recursos Humanos, Daniel Caneiro; y la número uno de CCOO y jefa de negociado de Personal, María Matilde Martínez Pérez; así como técnicos del área como la jefa de Personal (Carmen Navarro Orts), jefe de Nómina (Julio Fernández Lleras), una técnica de Relaciones Laborales del departamento de Recursos Humanos (María Dolores Cantó Cerdá); y el jefe de Contratación y Gestión de la Seguridad Social y concejal del PSOE en otro municipio (Relleu), José Asensio Salamero.

Entre los citados a declarar como testigos, se encontrarán también Encarna Llinares, que en aquel momento era subdelegada del Gobierno, a quien el sindicato que denunció los presuntos enchufes (SPPLB) había alertado de las irregularidades y había entregado la documentación en mano. Se trataba de las pruebas de que el Ayuntamiento benidormense -gobernado por los socialistas con el alcalde Agustín Navarro, fallecido en 2021- había incumplido con la Ley de Presupuestos del Estados con contrataciones y aumentos retributivos cuando existía la obligación de contener el gasto público, tal como advirtió la Intervención Municipal.

Cabe destacar que la actual portavoz municipal, Cristina Escoda, ha sido citada como testigo, y que el perjuicio económico causado se ha estimado en 4,5 millones de euros y está bajo lupa si los encausados beneficiaron a personas «con relación familiar o política con el equipo de gobierno» local, tal como señala la Fiscalía.