Otegi nos democratiza, Rufián sube impuestos en Madrid y el Supremo pierde las 40 maletas de Delcy. ¡Aleluya!

En un formidable artículo en El Mundo, Javier Redondo recurría a su experiencia en eso que Rita Maestre -para halagar en La Tuerka a su entonces jefe, el lujurioso Iglesias- llamaba "el soviet de la Complu": 

"Todo el que conoce las entrañas del islote naranja, pastoso y gris del campus de Somosaguas sabe dos cosas: que Iglesias sólo necesita ganar una vez -gracias a Sánchez ni siquiera ganar- y que el núcleo fundador que se zampó a IU representa lo mismo que Bildu en clave nacional.”. Y el resultado de esa operación a tres bandas ETA-Podemos-PSOE sería que “Otegi es hoy el primer barón de Iglesias, líder del Bildu nacional y vicepresidente curtido en la agitación y violencia callejera”. 

Los dos partidos comunistas, la ETA y Podemos -o Frapemos-, se refuerzan mutuamente. Y con ellos, ERC, partido que recoge la herencia terrorista de Terra Lliure y el golpismo de la izquierda separatista catalana. Esas tres fuerzas, más la CUP y otros movimientos igualmente comunistas son los que completan la mayoría de gobierno que preside Sánchez, pero cuya política, como demuestran todos los días, dirigen realmente ellos. 

Esto es lo que no entienden los partidos ni los medios que se situaban "a la derecha de la izquierda" y ahora "en el centro, entre Podemos y Vox": Sánchez no puede hacer lo que quiera con sus aliados porque la fuerza de ellos es estar juntos frente a cualquier cambio de alianzas. Nunca hubiera podido pactar con Ciudadanos -si hubiera querido- porque le habrían hecho caer comunistas y separatistas, obligándole a convocar elecciones. Que, en principio, según las encuestas, podrían repetir la situación actual… o no. Y no va a correr el riesgo de convocar elecciones para mejorar su posición en esa alianza porque ya lo hizo y le salió el tiro por la culata. No lo repetirá.

Los tres partidos de oposición, PP, Vox y Ciudadanos, parecen ver las cosas del mismo modo: Sánchez terminará la legislatura. Hay, pues, se dice el PP, que esperar que el desgaste de gobernar y el desastre económico facilite una alternativa tan cómoda como la de Rajoy en 2011 tras la crisis financiera, que le permitió heredar a Zapatero sin hacer apenas oposición. Mientras, hay que tratar de eliminar uno de los tres partidos de derechas que permiten la dispersión del voto y el triunfo de Sánchez y sus aliados.  

Si sólo hay dos, piensa la lechera de Génova, el segundo tendrá que pactar con el primero, que será el PP, así que absorberemos a Ciudadanos, que es el eslabón más débil. Cuanto más exageremos la distancia con Vox, más votos de Inés llegarán, si para entonces no se ha pasado ya la propia Inés. Tras el previsible batacazo catalán, será el momento de hacerles una opa amistosa y, si la rechazan, hostil. ¿Vox? Lo hemos echado a palos del juego de alianzas. Si ganamos en las urnas, gobernamos con el PSOE y los nacionalistas, que pactarán con nosotros con tal de que no gobierne Vox.  

La ceguera ante la revolución 

El problema del análisis del PP es que parte de una base equivocada: que padecemos un gobierno de izquierda, no un proceso revolucionario. O de que existe un proceso revolucionario, pero que, al pertenecer España a la UE, no podrá desbordar los límites de un gobierno de izquierda. O sea, que la Oposición a Sánchez la harán los Pirineos y las instituciones europeas. El caso es esperar. Atizarle todos los días a Vox para que se nos vea dentro de una continuidad aceptable para el PSOE y el nacionalismo moderado. Tres años pasan rápido; la crisis económica y el miedo a Podemos nos llevarán en andas a la Moncloa. Y en el Gobierno, se hará lo que se pueda. Y punto. 

El pequeño detalle que los inteligentísimos estrategas de Génova 13 pasan por alto es que Otegi, Iglesias y Junqueras no dirigen o encarnan partidos políticos sino movimientos revolucionarios que buscan derribar juntos el régimen constitucional. Y que no van a esperar la alternancia pacífica de 2023 si pueden dar el tajo antes de llegar a las urnas, o en ellas, sometiendo el derecho de autodeterminación de Cataluña y País Vasco a un referéndum que Madrid llamará consultivo y Bilbao y Barcelona, ejecutivo. Lo pueden hacer coincidir con las elecciones generales y ya se encargarán los expertos podemitas y sociatas de que salga lo que tenga que salir.

Iceta dijo tras fracasar el Golpe de 2017 que hacían falta diez años para cambiar la terca opinión de los españoles sobre la independencia de Cataluña. Llevamos tres; con los tres de legislatura, seis. Para qué, se dirá el vicepresidente de la Generalidad, llegar a diez, si se van a enfadar tanto Iglesias, Otegi y Junqueras. Cortamos y ya. Total, enfrente no hay nadie y siempre podemos ofrecer que se alargue el plazo y les damos más tiempo. Lo que la gente no quiere es líos. Y con nosotros, el lío está bajo control. 

Pero tras el humillante episodio de Rufián imponiendo al Gobierno, obediente a sus deseos, la subida de impuestos a la Comunidad de Madrid, ¿no creerá Casado que Iglesias, Junqueras, Sánchez y Otegi se asegurarán de la limpieza de las elecciones y de los plebiscitos, si los hay, en 2023? ¿No pensará que, como él está en proceso de aove presidencial, acreditados enemigos de la Nación y la Libertad como ellos respetarán su cuarentena ideológica o dormición electoral, y entregarán el Poder como Rajoy, entre copas y lloros, sin alertas antifascistas o embutiendo votos en las urnas? 

Por supuesto que no. Ni la ETA ni el golpismo catalán, ni Podemos y sus padrinos venezolanos, duchos en robar elecciones (véase Capriles), van a permitir la derrota de 'su' revolución por unos cuantos votos. No bastarán observadores internacionales ni nacionales. Aún no se sabe qué ha pasado en las elecciones norteamericanas ni qué pasó el 11-M, salvo que iniciamos, bajo la pachorra del PP, el camino que nos ha traído hasta aquí. La ilusión de que dentro de tres años podrá haber elecciones con las garantías y la paz civil que requiere una democracia es una forma de ceguera o de cobardía; de cobarde ceguera o de ciega cobardía, del más miserable de los oprobios. 

El Supremo pierde cuarenta maletas de decoro 

Al final, no serán la covid19, ni la economía, ni la Unión Europea las que decidan la suerte de esta vieja nación y su antiquísimo Estado. Son las togas que debían defenderlo las que están liquidando el imperio de la Ley. Desde la infame sentencia prácticamente absolutoria de la Sala de lo Penal del Supremo en favor de los golpistas que se rebelaron contra el orden constitucional en Cataluña y la sentencia, de otra sala del mismo tribunal, la de lo 'Tendencioso-Administrativo', ordenando la urgencia de asaltar la tumba de Franco y de privar de derechos civiles a su familia, para halagar los bajos instintos de los politicastros que pueden ascenderlos y colocarlos, no se veía un caso tan bochornoso de politización como el de otra sala del Supremo absolviendo de cualquier delito al ministro Ábalos por recibir y agasajar a una delincuente internacional en búsqueda y captura por delitos tan graves como ser una de las cabecillas del narcotráfico en Venezuela y atentar gravísimamente contra los derechos humanos.  

Antes, un juez de los de ahora, del género interpretativo, llegó en una sentencia cariñosa a la peregrina conclusión de que presentarse en Barajas con cuarenta maletas de oro, cocaína y dinero no era pisar suelo español, porque ni el cielo ni el suelo enmoquetado de la sala VIP en que pernoctó Delcy Rodríguez junto al ministro de Fomento, enviado por el presidente del Gobierno y aleccionado por el ministro del Interior, no es territorio español. O sea, que Ábalos abandonó España y se adentró en Babia sin ninguna necesidad. Y Sánchez y Marlaska le gastaron una broma pesada. 

El Supremo corrigió al juez Serrano-Arnal, por no decir que lo humilló, recordando que el espacio aéreo de España es territorio español, y que "suelo y vuelo", según fórmula bruñida por años de jurisprudencia, lo acreditan sobradamente. Pero después incurrió en una ridiculez aún mayor, diciendo que Ábalos no cometió delito sino una especie de incorrección política que sólo políticamente debe juzgarse. Y que Ábalos es inocente. Es sorprendente que una denuncia por un hecho sólo político se haya admitido en un juzgado, y que de hecho se juzgue al corregir otra sentencia, pero que, a la vez, el Supremo se niegue a sí mismo la capacidad de juzgarlo. Si no supiéramos que los jueces españoles son los únicos del mundo inmunes al soborno por el narcotráfico, pensaríamos que de las cuarenta maletas que Delcy Rodríguez dejó en España, unas cuantas acabaron en los juzgados. 

Porque dejar cuarenta maletas, recipiente habitual del narcorrégimen de Caracas para guardar oro, piedras preciosas, cocaína o divisas, en pleno Madrid, gracias a que el ministro favoreció que no pasaran por la aduana, es un alijo de tal envergadura, de tan enorme entidad delictiva, que sólo en un estado de enajenación gubernamental -ya he citado algunos casos muy similares y recientes- puede entenderse semejante olvido en la sentencia. 

Balance de una semana de atropellos  

No sólo que la número 2 de Maduro sea una acreditada narcotraficante y genocida, de ahí que internacionalmente la busquen la Interpol, el FBI, la DEA y cualquier policía de cualquier Estado decente para apresarla. Es que el propio presidente del Gobierno en una de sus muchas explicaciones que desmentían explicaciones anteriores -sólo Ábalos dio entre cinco y once versiones, según los distintos medios - justificó la irregularidad legal que había cometido para evitar una "crisis diplomática". ¿Cómo iba a haber "crisis diplomática" si todo quedaba sujeto a la interpretación política? ¿Y cómo la donosa salida jurídica del Supremo no se ocurrió a nadie? Es más: ¿cómo es posible que nadie la crea y todos la critiquen por lo bajo? 

Yo creo que, después de lo de la ensoñación del Golpe en Cataluña, del asalto a la tumba de Franco y el vilipendio judicial a su familia, de la reincorporación del golpista Trapero a su puesto tras amable sentencia de la Audiencia Nacional, mientras "el viejo guardiacivil", como llama Iglesias a Pérez de los Cobos, ha sido destituido por defender la Ley contra el Golpe, la sentencia que absuelve a Ábalos del delito por el que el propio Gobierno se disculpó, reputándolo imposible, llueve sobre mojado y encharcado. El problema, la prueba del crimen de lesa legalidad, son esas cuarenta maletas por cuyo contenido y destino ni siquiera se pregunta el Tribunal Supremo. 

La ETA dice que nos va a democratizar, Rufián sube los impuestos en Madrid y el Tribunal Supremo dice que Ábalos no cometió delito alguno al agasajar y proteger a una delincuente internacional en vez de detenerla, como mandan los convenios internacionales firmados por España. Pero la Oposición espera tranquilamente a ganar las elecciones dentro de tres años. La verdad es que ya no sabe uno si echarse a reír o echarse a llorar.