Maribel Torres: “Cualquier acuerdo en materia laboral debería consensuarse por todas las partes implicadas”

El Ministerio de Trabajo cerró la negociación para renovar la Ley de Prevención de Riesgos Laborales a finales de noviembre sin el respaldo de CEOE. Días después de que Junts materializara su ruptura con el Ejecutivo, el Gobierno explicó que gran parte de estos cambios podrían aprobarse por decreto sin pasar por el Congreso. No obstante, la cartera se ha decantado por darles salida a través de un proyecto de ley.

La mesa de diálogo social que se reunió durante 20 meses abordó tanto cambios en esta norma como en los desarrollos reglamentarios, estos segundos que hacían alusión a nuevos criterios en materia de prevención como la edad, el género o los riesgos derivados del cambio climático podían cambiarse a través del Consejo de Ministro. Sin embargo, no se podrían incorporar a la ley referencias específicas a las obligaciones de las empresas en materia de salud mental, que estaban en el centro en estos meses de negociación.

Las organizaciones empresariales emitieron un comunicado en el que denunciaron que la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, había "vulnerado los principios esenciales de un diálogo social real" al hacer un ultimátum y amenazar con aprobar reglamentos "sin ser sometidos a debate ni trámite parlamentario". La patronal encabezada por Antonio Garamendi reprochó que se había impedido una "negociación real" al limitar la consultas a los empresarios y culparles del desenlace de una mesa que creen esencial.

2026 puede ser el año en el que vea la luz normativa que se ha estado gestando en los últimos años como el Estatuto del Becario, la posible reforma del sistema de indemnizaciones por despido o la Ley de Industria. También podríamos ver la reforma de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y las transposiciones de las directivas europeas de condiciones laborales transparentes, de transparencia retributiva o la de condiciones laborales en el trabajo de plataformas.