Las restricciones horarias y la maraña impositiva convierten a España en el tercer país con más trabas para el comercio

España repite como el tercer país de la Unión Europea con más restricciones para la implantación y el ejercicio de la actividad comercial, solo superada por Francia y Austria y al mismo nivel que Alemania, según el último Retail Restrictiveness Index que acaba de publicar la Comisión Europea.

Según este trabajo, España no ha conseguido mejorar su situación respecto al anterior informe (2018) y mantiene restricciones especialmente severas para el ejercicio de la actividad. Para los expertos consultados por Economist & Jurist esta es una de las tareas pendientes que tendrá que asumir el Gobierno que salga del adelanto electoral del próximo 23 de julio de las urnas. Más simplificación normativa y unidad legislativa para que inversores y empresarios puedan hacer negocios. “Se trata de agilizar y armonizar para hacer negocio”, señalan.

En la actualidad, en concreto, en horarios comerciales tan solo Alemania y Austria tienen un nivel superior de restricciones que España. Una anomalía si tenemos en cuenta que 11 países de la UE ya disponen de plena libertad de horarios comerciales y otros cinco gozan de una flexibilidad casi completa.

A excepción de la Comunidad de Madrid, donde el comercio puede escoger los días y horarios de apertura, la mayor parte de las comunidades mantienen un régimen de 10 domingos y festivos de apertura autorizada al año.

Pese a los avances que se han producido más recientemente en Andalucía y Murcia, con 16 domingos y festivos comerciales; y en algunas zonas de gran afluencia turística, como las de las grandes ciudades valencianas, las andaluzas o en Barcelona, la realidad es que buena parte de las tiendas están cerradas por ley 52 días al año. Es decir, durante casi dos meses el comercio físico no puede competir en igualdad de condiciones con el e-commerce, que ha crecido un 80% en facturación desde la pandemia.

Por otro lado, en cuanto a los impuestos específicos que gravan la actividad comercial, sólo Francia y Portugal tienen una fiscalidad más dura para el sector que España, donde existe un Impuesto sobre los Grandes Establecimientos Comerciales en varias comunidades autónomas. Otros dos Estados, Hungría y Polonia, obtienen la misma puntuación negativa que España.

En el lado positivo, los únicos datos que han mejorado para España entre 2018 y 2022 son el relativo a la longitud de los procedimientos para autorizar la implantación (pasa de un valor de 3 a 1,50) y el relativo a las promociones de ventas (de 2,10 a 1,20).

Justo en su último informe sobre España del Semestre Europeo, Bruselas señala el comercio minorista como uno de los sectores más perjudicados por la falta de unidad de mercado.

“En determinadas Comunidades Autónomas las barreras regulatorias en el comercio minorista siguen obstaculizando la competencia. España se encuentra entre los Estados miembros más restrictivos en lo que respecta a los marcos regulatorios minoristas, en particular para las operaciones minoristas”, señala el informe.

Madrid marca la pauta

Jordi Ruiz de Villa, socio director de Fieldfisher en España y experto en actividad mercantil y de franquicia cree que “es cierto que hay un movimiento relacionado con las licencias y exceso de normativa en cuanto a apertura de establecimientos, donde la Comunidad de Madrid es una excepción”.

Así aclara que “el Gobierno de Diaz Ayuso facilita la obtención de licencias de aperturas con declaraciones responsables, lo que está generando una gran afluencia de negocios, frente a otras CCAA más restrictivas que entorpecen la apertura de nuevos servicios. Si te piden una licencia previa debes pagar una tasa. Este es un inconveniente importante porque no puedes abrir el local hasta que no tengas el permiso de actividad. Eso significa que el negocio puede ralentizarse mucho en el tiempo”.

“Es el caso de las gasolineras low cost que son automáticas y dan servicio de 24, por presiones de los lobbies han incorporado una persona atendiendo al público, eso ha hecho que la apertura de estos negocios se haya ralentizado mucho, lo que beneficia a las grandes compañías ya instauradas en el mercado”.

Respecto a los horarios, Ruiz de Villa cree que los datos incluidos en un informe de ANGED “se refieren a las grandes superficies comerciales. Ellos quieren tener abierto todos los días posibles, porque tienen personal suficiente y pueden rotar. Es el caso de los centros comerciales situados en lugares turísticos en las grandes ciudades. Pero ésta no es la actitud del comercio minorista, que prefiere que haya esos 52 días que indica ANGED que no se trabaja para poder descansar porque casi todos son negocios familiares”.

Otra cuestión que ve mejorable es la cuestión impositiva. “Hay demasiados impuestos en la actividad económica en general y en la comercial en particular. Hay demasiada burocracia que incide en la capacidad competitiva de muchos de los negocios que se abren en nuestro país. Lo peor es que no hay una unidad de mercado, con lo cual la normativa de Almería poco tiene que ver con la de Valencia o la de Barcelona. Urge unificar normativa para ser más competitivos”:

Para ese jurista “hay que simplificar la normativa en relación con la actividad comercial presencial y que sea similar en todas las Comunidades Autónomas. Hay que darse cuenta de que el crecimiento del e-commerce ha abierto una nueva forma de hacer negocio. Pero a nivel de establecimientos físicos hay que hacerlo más sencillo para que los inversores no huyan de estos negocios y puedan inyectar el capital que muchos lo requieren”.

Necesidad de uniformidad fiscal

Para un abogado como Javier Morera, socio de fiscal de Broseta “a muchas multinacionales le tenemos que explicar que hay un régimen fiscal por cada autonomía, lo que dificulta la implantación de los negocios y el encarecimiento de su puesta en marcha. Madrid no tiene impuestos propios y da más facilidades. Cataluña es el otro polo con una quincena de tributos, lo que hace que algunas iniciativas vayan a otras comunidades autónomas con más flexibilidad”.

En el caso de Cataluña, junto con el Impuesto de Establecimientos Comerciales tienen otros como “el dedicado a las estancias turísticas; hay impuestos medioambientales de emisiones, de residuos, sobre bebidas azucaradas y tiene un impuesto de activos no productivos de las personas jurídicas. Ahí hay una amplia gana de impuestos que encarecen los negocios que se pongan en marcha”.

Desde su punto de vista, la amalgama de impuestos estatales y autonómicos se podrían simplificar bastante. “Donde hay más diferencia en cuanto a número de tributos es a nivel autonómico porque tienen libertad para implementar sus tributos propios. Respecto a la recaudación, los tributos propios en la recaudación total no suponen más del 1,5% de ese global. De ese porcentaje, el 30% proviene de Cataluña y sus tributos”.

Al final “estas políticas fiscales definen bien la actitud de los distintos gobiernos autonómicos en matera de apertura de negocios y actividades comerciales. En Madrid, los comerciantes están tranquilos y en otras comunidades autónomas tienen recargos importantes. Creo que lo ideal sería buscar una unidad impositiva en nuestro país para evitar este tipo de discriminaciones. Lo ideal es que hubiera una armonización impositiva de mínimos en todas las comunidades autónomas que tendría mucho sentido” afirma.

Para este jurista “esta debería ser una de las tareas que impulsase el nuevo Gobierno que salga de las urnas, en coordinación con los nuevos gobiernos autonómicos. Debería haber unas pautas para dicha armonización mínima, porque ya el contar con una licencia de apertura supone pagar una tasa. No olvidemos que hay impuestos municipales agresivos, el de actividades económicas o el IBI sobre bienes inmuebles que afecta a cualquier comercio que quiera desarrollar su actividad”.

Desde su punto de vista, “España, con una mejora impositiva, sería más atractivo para atraer más inversiones extranjeras y poner en marcha negocios de toda índole. Es importante contar con unos impuestos razonables, pero también es importante la seguridad jurídica. Que no se cambie el marco normativo de forma habitual. Ese cambio constante a nivel de legislación que ahora veos con las tasas a las eléctricas o los bancos, entre otras cuestiones, genera inseguridad y ese es el mayor enemigo de la inversión extranjera. Desde esa perspectiva sería un reclamo para abrir más negocios y crear más puestos de trabajo a corto y medio plazo.

Muchos trámites para crear negocios

Según Alberto Rodríguez, of counsel de Bird & Bird en España “en el ranking Doing Business, que está elaborado por el Banco Mundial, y que se centra en la accesibilidad a la hora de implementar negocios “A nivel general estamos en el puesto de 30. Sin embargo, en la parte de Starting in a business, arrancar negocios, la posición cae al puesto 97. Se puede mejorar bastante y quizás haga falta una normativa en los negocios convencionales similar a la recién aprobada ley de startups”.

Desde su punto de vista, toda la cuestión de regulación autonómica y local genera problemas en empresarios e inversores por su complejidad, lo que hace que el inversor extranjero se lo piense dos veces. “En el caso de un inversor extranjero que quiera abrir en cinco autonomías a la vez se va a encontrar con normativas diferentes, el tema de regulación autonómica es diferente entre ellas además de las normas que regulan los ayuntamientos, que son distintos entre sí. No se entiende dicha disparidad normativa”.

A juicio de este abogado, “se perdió una gran oportunidad con la Ley de Unidad de Mercado que impulsó el Alberto Ruiz Gallardón cuando fue ministro. Tendría sentido que las competencias de comercio se centralizasen para lograr dicha uniformidad que ahora no existe. Todo esto, más la maraña impositiva que existe, es un freno a la inversión y a poner en marcha negocios”.

Respecto a las cuestiones positivas de la regulación actual, Rodríguez destaca especialmente que todas las administraciones han hecho un trabajo de racionalización importante en los últimos años. “Antes era necesario licencias para todo. Eso se ha suprimido y ha dado paso a las declaraciones responsables como una nueva tendencia ahora que permite agilizar ciertos trámites. Sin embargo creo que seguimos siendo un país muy formalista”.

En opinión de este abogado, “en cuanto a la constitución de sociedades, donde a los notarios se les está dotando de más poder y mayor flexibilidad, sigue siendo un elemento que muchos inversores extranjeros no entienden porque puede dilatar las operaciones en el tiempo. Hay que ir al notario y tener unos poderes apostillados en el extranjero. Al final son tiempos y recursos que generan problemas a los inversores extranjeros”.

Para este experto, otra de las ventajas es que “se ha creado un Registro Único lo que permite que puedas presentar en cualquier registro cualquier documento que vaya a cualquier administración. Pero lo que convendría que todos estos asuntos se ventilasen en uno y no hubiera que ir a cada administración para resolver esos trámites, como ir a Hacienda; a la Seguridad Social para tener el Código de Cuenta de Cotización. Que hubiera más uniformidad para dar un servicio integral al ciudadano y al inversor sin que haya esta dispersión administrativa que existe en estos momentos”.

Desde su punto de vista, en algunas comunidades autónomas “hay una tensión latente por los horarios entre las grandes superficies y los pequeños comercios. Es un tema de recursos, porque los grandes comercios tienen medios para afrontar la apertura horaria, cosa que los pequeños comercios tienen otra forma de gestionar esta actividad. Madrid es un ejemplo de lo que se puede hacer en este sentido de libertad horaria”.