La Policía Nacional contará con la colaboración de los gestores administrativos para investigar el fraude y las falsedades documentales

Los gestores administrativos y la Policía Nacional formalizan desde hoy un marco estable de colaboración en la lucha contra el fraude, las falsedades documentales y las actuaciones ilícitas que se aprovechan de los procedimientos administrativos. El comisario general de Policía Judicial, Luis Fernando Pascual Grasa, y el presidente del Consejo General de Colegios de Gestores Administrativos de España, Fernando Jesús Santiago Ollero, han firmado un procedimiento institucional operativo que concreta las líneas de cooperación entre ambas instituciones para prevenir, detectar y facilitar la investigación de conductas que comprometen la seguridad colectiva y el patrimonio de los ciudadanos. Con este paso, la profesión pone al servicio de la legalidad su conocimiento, su organización colegial y sus herramientas tecnológicas.

La iniciativa responde a una realidad cada vez más evidente: la creciente complejidad de la tramitación administrativa y la generalización del canal electrónico han abierto nuevas vías a quienes falsifican documentos, suplantan identidades o utilizan los procedimientos públicos para obtener beneficios ilícitos. Los gestores administrativos, que intervienen a diario entre ciudadanos, empresas y administraciones, conocen en profundidad esos procedimientos, sus exigencias documentales y los mecanismos que garantizan su correcta tramitación, un conocimiento que constituye una aportación valiosa para la prevención del fraude.

Tres líneas de actuación para una colaboración real

El procedimiento articula la cooperación en torno a tres ejes: la promoción de iniciativas conjuntas contra las actividades ilícitas, el intercambio de información técnica y operativa dentro del marco legal y la designación de puntos de contacto que garanticen una comunicación directa y eficaz. La colaboración no se limita a expresar una voluntad institucional: establece líneas concretas de actuación, mecanismos de coordinación y canales de comunicación destinados a facilitar las investigaciones policiales, de modo que la Policía Nacional pueda disponer, cuando resulte necesario y conforme a la legislación aplicable, de la información relevante para su trabajo.

Por su parte, el comisario general de Policía Judicial, Luis Fernando Pascual Grasa, destacó la importancia de este acuerdo como una muestra del valor de la colaboración institucional y de la implicación de los distintos sectores profesionales de prevención y persecución de las actividades ilícitas, subrayando que la cooperación y el intercambio de información constituyen herramientas fundamentales para reforzar la eficacia de la actuación policial y ofrecer una respuesta conjunta frente a nuevas formas de criminalidad.

La profesión colegiada, al servicio de la legalidad

«Los gestores administrativos trabajamos cada día con documentación y procedimientos que afectan directamente a la vida de las personas y a la actividad de las empresas. Esa posición nos obliga a ser especialmente exigentes con la legalidad y nos permite aportar algo que pocos pueden aportar: el conocimiento de cómo funciona la tramitación administrativa desde dentro. Ponerlo a disposición de la Policía Nacional es una forma de proteger a quienes confían en nosotros», ha señalado Fernando Santiago.

El presidente del Consejo General ha subrayado que el acuerdo refuerza la diferencia entre el ejercicio profesional colegiado y las actividades que se desarrollan al margen de cualquier control. «La colegiación no es una formalidad, sino un sistema de garantías, responsabilidades y controles que protege al ciudadano. Quienes utilizan los procedimientos administrativos para cometer fraudes, falsificar documentos o engañar a las personas son los primeros enemigos de nuestra profesión, porque erosionan la confianza en la que se basa nuestro trabajo», ha añadido.

Una estructura estable y abierta a todos los colegios

Ambas instituciones constituirán una Comisión de Seguimiento, que se reunirá al menos una vez al año y siempre que resulte necesario, y designarán puntos oficiales de contacto. Los colegios oficiales de gestores administrativos podrán adherirse al procedimiento, lo que permitirá trasladar este modelo de colaboración al conjunto de la organización colegial desde la proximidad de los profesionales de cada territorio. El instrumento tendrá una vigencia inicial de un año, prorrogable automáticamente, y no comporta contraprestaciones económicas ni incremento del gasto público.

«Este acuerdo demuestra que los gestores administrativos queremos formar parte activa de las soluciones. Nuestra profesión está al servicio de los ciudadanos, de las empresas y del buen funcionamiento de las administraciones públicas, y ese compromiso incluye colaborar decididamente en la lucha contra el fraude. Cuando las instituciones y los profesionales trabajan de forma coordinada, gana la seguridad jurídica y, sobre todo, gana el ciudadano», ha concluido Fernando Santiago.

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