La Guardia Civil interviene cuatro ejemplares de atún rojo en aguas de la provincia de Alicante
La Guardia Civil de Alicante, ha incautado 4 piezas de atún
rojo pescado de forma ilegal. Los infractores eran embarcaciones recreativas,
que tras la captura lo pretendían vender a locales de hostelería. Este destino
responde a que los establecimientos adquieren el pescado capturado de forma
ilegal sin ningún tipo de control sobre el alimento, a un precio muy inferior al del
mercado.
A lo largo de los últimos días, el Servicio Marítimo Provincial (SMP) de la Guardia
Civil de Alicante, intervino un total de 4 ejemplares de Atún Rojo (Thunnus
Thynnus) en aguas de la provincia, concretamente en los puertos de Altea y
Villajoyosa.
La pesca de este tipo de túnido se encuentra actualmente vedada, y es solo en
las épocas concretas del año marcadas por el Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación cuando está autorizada su pesca a embarcaciones recreativas
autorizadas, a las que se les adjudica un cupo para su pesca.
Estas embarcaciones utilizan generalmente la caña o la denominada línea de
mano, con un grosor suficiente como para aguantar los envites de un animal de
estas características, en la lucha con el animal pueden discurrir incluso horas
antes de su extracción. Los especímenes intervenidos rondan los 70 kg de peso,
pero en algunos de ellos pueden llegar a los 700 kg y medir hasta 3 metros de
largo. Estas cifras, unidas a que en el mercado negro, donde se mueven estas
capturas, se paga una media de 10 euros por kilo, hace de ésta una actividad tan
lucrativa como ilegal.
Una vez ya con el pez en la embarcación, y siendo los pescadores conocedores
del ilícito que están perpetrando, proceden generalmente a una rápida
evisceración y troceado a fin de una mejor ocultación ante una posible
inspección. De igual forma, tras la captura se procede rápidamente a realizar la
venta a algún local hostelero que adquiere el género a un precio muy inferior al
del mercado legal (50 euros el kilo aproximadamente), con el perjuicio de
desconocer su procedencia, así como la carencia de ningún tipo de control
sanitario.
Es por todo ello que, la Guardia Civil de Alicante, realiza de forma continua
servicios destinados al control de esta actividad. Los presuntos autores han sido
denunciados por una infracción grave a la Ley 3/2001 de 26 de marzo de Pesca
Marítima del Estado, con sanciones que pueden llegar a los 60.000 euros.
Por tratarse de un producto perecedero, el pescado intervenido ha sido donado a
una entidad benéfica para su consumo, una vez pasados los controles de calidad
pertinentes.