Isaac Blasco: “Hay muchas claves que convierten la cesión de las fronteras, en algo particularmente muy grave”

Una tras otra, el Gobierno está confeccionando un disfraz de Estado para Cataluña. El presidente, Pedro Sánchez, entendió que debía emprender el camino inverso al que inició José Luis Rodríguez Zapatero con el Estatuto. Es decir, del Congreso de los Diputados y el Tribunal Constitucional directamente al Parlament. Y no al revés, como hizo el expresidente socialista, que se llevó un rejonazo del tribunal de garantías que, dos décadas después, todavía colea porque cortó de raíz 14 artículos manifiestamente inconstitucionales. En esta ocasión, el presidente del Gobierno se ha asegurado el control del tribunal de garantías, cuyo presidente, Cándido Conde-Pumpido, es afín ideológicamente al PSOE. Y qué decir del Congreso de los Diputados, donde el líder socialista opera con una mayoría parlamentaria que no solo tolera las ansias independentistas, sino que coopera con ellas para erigirse en contraposición a la derecha.

Por otro lado, Carles Puigdemont, ha dejado claro que el acuerdo migratorio era un paso más para lograr el objetivo de la secesión. "No hay nación sin integración" dijo desde Waterloo, hablando en todo momento de "delegación integral" de las competencias migratorias por parte del Gobierno a la Generalitat.

Y es que en materia de inmigración todo tiende a complicarse un poco más, ya que el Gobierno se prepara para anunciar, de forma inminente, el acuerdo parlamentario para permitir el reparto de 4.400 menores no acompañados que en la actualidad se encuentran en Canarias y Ceuta. La coalición podrá dar luz verde al pacto alcanzado semanas atrás con el Gobierno de Canarias, tras ceder a Junts la "delegación integral" de las competencias de migración, sin necesidad de los votos del PP, cuyas comunidades mayoritariamente rechazan la propuesta que excluye a Cataluña del reparto.