Francisco González: “Estoy convencido de que hasta este Tribunal Constitucional impedirá la aprobación”

PSOE y Junts han registrado en el Congreso una Propuesta de Ley Orgánica para ceder competencias en materia de inmigración a Cataluña. Es decir, que a partir de ahora, los Mossos gestionarán la seguridad de puertos y aeropuertos y zonas críticas en cooperación con la Policía y la Guardia Civil. Al igual que ocurrió con la ley de amnistía, este pacto se ha registrado como proposición de ley para impedir que se puedan llevar a cabo los informes perceptivos del Consejo General del Poder Judicial y Consejo de Estado. Además, también permitirá llevar a cabo autorizaciones de trabajo, residencia, expedir el DNI o hacerse cargo de la administración de los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE). 

El PSOE es un partido enfermo por el ansia de poder, que le lleva a practicar directamente políticas y discursos del nacionalismo predemocrático. Además, su propuesta pervierte el sentido de la delegación de competencias prevista por el artículo 150 de la Constitución; delegación que habría de ser, por otro lado, materia de un proyecto de ley orgánica presentada por el Gobierno de la nación –de nuevo, escondido tras una proposición de ley–, y no por dos grupos parlamentarios. Tan ajena es esta proposición de ley orgánica a la Constitución de 1978 que el PSOE, en su comunicado, la vincula con un sedicente «Acuerdo de Bruselas», título dado al pacto de investidura sellado con el prófugo Puigdemont, como si fuera un tratado internacional entre iguales. Y de esto se trata, de convertir la frontera de España con Francia en una frontera de Cataluña con Francia y en crear esas «estructuras de Estado» que tanto ansían los nacionalistas y que están facilitando los socialistas para provocar una auténtica mutación del orden constitucional y del modelo territorial del Estado.