La Comisión Europea ha dado su visto bueno este miércoles al plan de recuperación de España, lo que supone el primer paso para que el país pueda empezar a recibir 69.500 millones de euros en concepto de transferencias a fondo perdido durante el periodo 2021-2026. Se trata de la primera parte de los 140.000 millones a los que nuestro país tiene derecho dentro de la UE. La segunda, que corresponde a otros 70.500 millones en concepto de créditos con bajo interés y cómodos plazos, aún no ha sido solicitada por el Gobierno.
Concretamente, el presidente del Gobierno "espera recibir" 19.000 millones de euros de los fondos europeos este mismo año. Pedro Sánchez, tras felicitarse por el logro, ha calificado este miércoles de "día histórico" por la aprobación del Plan de Recuperación y espera tener la aprobación oficial del Consejo Europeo en "menos de cuatro semanas". Este punto es importante porque libera el primero de los pagos, que asciende a 9.000 millones de euros de la denominada prefinanciación. Tras esto, le seguiría el primer desembolso ligado al cumplimiento de objetivos, que son otros 10.000 millones que llegarían a final de año.
Todo está condicionado a que se cumplan los compromisos previstos al cierre del tercer trimestre.
Según ha comunicado Bruselas, el plan responde "de forma integral y adecuadamente equilibrada" a lo que Europa demandaba para poder acceder a los fondos de recuperación. Asimismo, valora que las inversiones y reformas propuestas por España contribuirán a abordar eficazmente los retos estructurales del país y a fortalecer el crecimiento potencial y la creación de empleo, además de apoyar "las transiciones verde y digital".
La Comisión considera que el sistema de gestión y gobernanza de los fondos planteado por España es adecuado para proteger los intereses económicos de la Unión Europea (UE) y que el plan proporciona suficientes detalles sobre cómo las autoridades nacionales "prevendrán, detectarán y corregirán los casos de conflictos de intereses, corrupción y fraude relacionados con el uso de fondos".
Una vez recibido el respaldo de la Comisión para la concesión de subvenciones por valor de 69.500 millones de euros, ahora es el Consejo Europeo el que tiene que dar la aprobación última en un plazo aproximado de cuatro semanas.
La aprobación del plan por parte del Consejo permitirá el desembolso del anticipo de 9.000 millones, que España cuenta con recibir a mediados de julio y que suponen el 13 % de la cantidad total asignada para el país. La Comisión autorizará nuevos desembolsos en función del cumplimiento satisfactorio de los hitos y objetivos marcados para la implementación de las inversiones y reformas.
Inversiones y reformas
La evaluación constata que el plan dedica el 40 % de su asignación total a medidas que apoyan los objetivos climáticos, por encima del 37 % requerido, en tanto que el 28 % se destina a la transición digital, por encima del 20 % requerido.
La nota destaca los proyectos para la movilidad sostenible, aumentar la eficiencia energética de los edificios, descarbonizar la industria y reducir la dependencia energética, así como el despliegue de nuevas tecnologías para el hidrógeno verde y las energías renovables.
Cita el ejemplo de los 6.100 millones para invertir en tecnologías limpias y acelerar el desarrollo y uso de energías renovables, o los 7.800 millones de euros para mejorar la eficiencia energética de los edificios públicos y privados, así como el apoyo al vehículo eléctrico.
También los programas para digitalizar la administración pública, la industria y las empresas, y el plan específico para digitalizar un millón de pymes, además de las inversiones en equipamiento para la educación y en mejora de las habilidades digitales.
Entre las reformas planteadas por España que Bruselas ha destacado figuran la reducción de la segmentación del mercado laboral entre trabajadores temporales y fijos, las mejoras en el ámbito de la educación o el apoyo y mejorar la políticas del mercado laboral.
También ha valorado las medidas para mejorar la clima empresarial, que incluyen la reforma de la contratación pública y del marco concursal para que las empresas con problemas coyunturales de insolvencia no estén condenadas a la desaparición. A ello suma los planes en el ámbito de las cuentas públicas que pasan por ampliar la evaluación del gasto público y por reformar el sistema tributario y el de pensiones.
