Altea se convierte en pionera en la regulación de las viviendas turísticas

El Ayuntamiento de Altea ha presentado hoy en pleno una modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana para incorporar una ordenanza pionera que regula la implantación de las viviendas de uso turístico (VUT) en el municipio. Esta normativa, que entra en fase de exposición pública durante 45 días, establece por primera vez un mapa claro sobre dónde se podrán –y dónde no se podrán– autorizar nuevas viviendas turísticas, en base a un indicador técnico de vulnerabilidad territorial.

El punto de partida fue el mes de enero de 2024, cuando el Ayuntamiento decidió suspender la emisión de informes de compatibilidad urbanística, tras detectar que Altea ya contaba con más de 2.200 VUT, lo que representaba el 12% del parque de vivienda del municipio.

Durante 2024 se desarrolló un estudio técnico y diagnóstico territorial para identificar el número, la localización y la distribución de las VUT en Altea. A la vez, se impulsó un amplio proceso de participación pública, con 7 talleres sectoriales y ciudadanos, y una encuesta abierta con más de 500 participantes, entre los que se encontraban empresarios turísticos, vecinos, asociaciones y colectivos sociales.

El núcleo técnico de la ordenanza es el Indicador de Vulnerabilidad Territorial (IVT), que combina tres factores: el Índice de presión residencial (IPRE): porcentaje de VUT sobre el total de viviendas en una zona; el porcentaje de viviendas principales: es decir, residencias habitadas durante todo el año; y la densidad de viviendas por área.

Este sistema ha permitido clasificar las zonas urbanas en cuatro niveles de regulación:

-Zonas vulnerables (prohibición total de nuevas VUT): Carrer la Mar, el ensanche de la Avenida, Clot de Mingot y Nucleo histórico tradicional (salvo casos puntuales de rehabilitación patrimonial).

 

-Zonas de riesgo alto (límite del 4% de VUT): Pla de Castell y la zona de Cap Negret.

 

-Zonas de riesgo medio (límite del 8% de VUT)

 

-Zonas de baja vulnerabilidad (sin restricciones específicas, pero con seguimiento) como las Urbanizaciones de la Sierra, Altea la Vella, Mascarat Sur, Las galeras, L’Olla, Villa Gadea, Montahud, Carretera de la Nucia, Zona residencial de Garganes, entre otras…

Además, se ha fijado un límite global del 16% de viviendas turísticas respecto al total del municipio. Actualmente, Altea se sitúa en un 9,8%. Durante el periodo de exposición pública, se reactiva la suspensión de licencias en las zonas tensionadas en los siguientes ámbitos: Pla de Castell, Avenida La Nucia, Piteres, Avenida Jaume I y alrededores, Clot de Mingot, Calle La Mar y fachada marítima hasta la zona del puerto, Cap Negret (desde el río hasta el nucleo de L’Olla-Cap Negret de Cala del Soio), Mascarat Norte y Nucleo Histórico Tradicional (con excepciones puntuales).

El resto de Municipio como Altea la Vella y sus urbanizaciones; Mascarat y las Galeras; la Olla y Villa Gadea; la urbanización Montahud, la carretera de la Nucia, Foieta y la zona residencial de Garganes, entre otras, queda habilitada y por tanto se pueden pedir nuevos informes de compatibilidad.

Para el edil de urbanismo del Ayuntamiento de Altea, José Orozco, “la normativa urbanística actual de Altea, vigente desde 1982, no contemplaba esta nueva realidad turística. La modificación del PGOU permitirá ahora que el municipio cuente con herramientas legales y técnicas para decidir dónde, cómo y cuándo se puede autorizar una VUT”. Según Orozco, “no se trata de prohibir, se trata de planificar. De proteger lo que somos, sin renunciar a lo que aportamos”, ha declarado el concejal de Urbanismo y Medio Ambiente en el pleno, que añadió que “esta ordenanza no es solo legal, es necesaria. Es fruto del trabajo, del estudio y de haber escuchado a la ciudadanía.”

La modificación puntual las ordenanzas del PGOU de 1982, para a regulación de la implantación de viviendas de uso turístico en suelo urbano salió adelante con los votos a favor del equipo de gobierno, Compromís y PSOE, y los votos en contra de PP y VOX.

La nueva norma prevé revisiones periódicas cada cinco años y una actualización anual del IPRE, garantizando así un sistema dinámico, adaptado a la evolución del municipio. Con esta medida, Altea se convierte en uno de los primeros municipios en regular las viviendas turísticas desde el planeamiento urbanístico, adelantándose a muchas grandes ciudades que han optado por moratorias de urgencia.