Altea recupera definitivamente el control del agua en la Sierra

Una larga batalla judicial culmina con una victoria histórica para los vecinos de Altea
Hills, Mascarat y el conjunto del Plan Parcial El Áramo
   El Ayuntamiento de Altea ha logrado una victoria histórica
en defensa del interés general, el medio ambiente y los derechos de los vecinos de la
Sierra de Altea. Tras más de una década de conflicto jurídico, los tribunales han
confirmado de forma firme que los depósitos de agua y los recursos hídricos utilizados
en el Plan Parcial El Aramo son de titularidad pública y deben ser gestionados por el
municipio.

Esta resolución abre definitivamente el camino para que el Ayuntamiento garantice un
suministro de agua y un sistema de alcantarillado seguros, transparentes y bajo control
público en todas las urbanizaciones del Aramo: Altea Hills, Mascarat, Sierra de Altea
Golf, Sierra de Altea I y II y Urlisas.
Un modelo privado fallido que puso en riesgo el suministro
El Plan Parcial El Aramo, diseñado en los años 60 como un proyecto turístico de
referencia nacional, llegó a ocupar más de diez millones de metros cuadrados. Sin
embargo, tras la desaparición de su promotor original y el abandono progresivo de la
función urbanizadora, el sistema de agua y saneamiento quedó en manos privadas, sin
inversiones suficientes ni control público efectivo.
A partir de 2014, los problemas se hicieron evidentes: pérdidas superiores al 50 % en la
red, sobreexplotación de los acuíferos, episodios de salinidad y riesgos para la
salubridad del agua. Estas deficiencias fueron constatadas judicialmente en varios
procedimientos, en los que se reconoció la gravedad de la situación y la necesidad de
intervención municipal.
Ante esta situación, el Ayuntamiento adoptó una decisión clave en marzo de 2020:
extinguir la autorización de hecho que permitía a Aguas Potables de Bernia
(APOBERSA) seguir prestando el servicio, asumir directamente la gestión del agua y el
alcantarillado y proteger a más de 5.000 viviendas afectadas.
La clave jurídica: los depósitos son municipales y el agua es pública
Las empresas privadas APOBERSA y PUERTO DEPORTIVO LUIS CAMPOMANES
reclamaron hasta 13 millones de euros al Ayuntamiento alegando ser propietarias de
los depósitos y de los derechos de agua. Esa pretensión ha sido desestimada de forma
rotunda por los tribunales.
El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana confirmó en febrero de
2024 que los depósitos de agua forman parte de las obras de urbanización y están
sujetos a cesión obligatoria y gratuita al Ayuntamiento, sin derecho a indemnización.
La sentencia lo expresa con claridad: no hay incautación ni expropiación, sino
cumplimiento de una carga urbanística prevista en el planeamiento.
El Tribunal Supremo ha cerrado definitivamente esta cuestión al inadmitir el recurso
de casación interpuesto por APOBERSA, imponiéndole además las costas procesales.

Con ello, la sentencia queda firme y plenamente ejecutable.
El agua no es privada: los acuíferos son dominio público
En paralelo, los tribunales también han desmontado la tesis de que existan “derechos
privados” sobre el agua subterránea del Aramo. La documentación y las sentencias
confirman que no existe ningún título válido, inscrito ni autorizado por la
Confederación Hidrográfica del Júcar que atribuya a empresas privadas la propiedad o
explotación exclusiva de esas dotaciones.
Las aguas subterráneas son dominio público y deben destinarse al abastecimiento
humano bajo control de la Administración.
Una puerta abierta para todo el Áramo
Hasta ahora, el Ayuntamiento ya presta el servicio de agua y alcantarillado en Altea
Hills y Mascarat. Gracias a estas resoluciones judiciales firmes, ese modelo público
puede extenderse al resto de urbanizaciones del Plan Parcial El Aramo.
El equipo de gobierno ya ha iniciado el expediente para la recepción del sistema de
alcantarillado de todo el ámbito, lo que permitirá planificar inversiones, reducir
pérdidas, mejorar la calidad del agua y garantizar tarifas justas y transparentes.
Un triunfo del interés general
Este proceso no ha sido solo una disputa jurídica; ha sido una defensa del derecho de
los vecinos a un agua segura, de calidad y gestionada con criterios de servicio público.
Tras años de abandono, conflictos y amenazas millonarias de indemnización, Altea
consolida ahora un principio esencial: el agua es un bien común, y su gestión debe
estar en manos de la Administración pública.
La Sierra de Altea entra así en una nueva etapa de seguridad jurídica, sostenibilidad y
garantía de servicios básicos, con un Ayuntamiento que, por fin, tiene las llaves del
sistema que abastece a su propio territorio.
El alcalde de Altea, Diego Zaragozí, ha valorado esta resolución como “un hito histórico
para el municipio y para miles de vecinos de la Sierra de Altea” y ha subrayado que
“por fin la justicia ha puesto las cosas en su sitio. El agua es un bien público y no puede
estar sometida a intereses privados cuando está en juego la salud y la dignidad de las
personas. Ahora podremos planificar inversiones, renovar redes, reducir pérdidas y garantizar un suministro de agua de calidad en todo el Aramo, desde Altea Hills y
Mascarat hasta Sierra de Altea y Urlisas, con criterios de interés general y
transparencia”.