Acusan a Dolores Delgado de asaltar la cúpula fiscal con sus afines

La Asociación de Fiscales, que es mayoritaria en la carrera fiscal, viene denunciando en los últimos meses que la ex ministra de Justicia en el Gobierno de Pedro Sánchez y nombrada fiscal general del Estado, Dolores Delgado, favorece en los nombramientos discrecionales de la cúpula de la Fiscalía General del Estado a miembros de la asociación a la que ella pertenece, que es la Unión Progresista de Fiscales.

La acusan de hacer nombramientos con “una estrategia solo conocida” por ella misma y recuerdan que ya son cuatro las veces que sus propuestas lo son de acuerdo con los votos emitidos por los Vocales electivos por la lista de la Unión Progresista de Fiscales en detrimento de “candidatos con mayor experiencia práctica y mejores conocimientos jurídicos en la materia”.

Así, el pasado lunes, en el ‘Comunicado de los Vocales de la lista de la Asociación de Fiscales’ del Pleno del Consejo Fiscal que se celebró el pasado 12 de marzo, esta asociación destaca en negrita que transcurrido más de un año desde la toma de posesión de Dolores Delgado, “los concursos para la cobertura discrecional siguen un orden en cuanto a las plazas concretas y un ritmo en cuanto al tiempo de publicación que obedecen a una estrategia solo conocida por la Fiscal General del Estado o de la que al menos los Vocales de la lista de la Asociación de Fiscales no hemos sido informados” a pesar de su continuo interés mostrado pleno tras pleno y del que no se nos les ha dado respuesta.

La Asociación de Fiscales es especialmente clara al explicar que como ya ocurriera en los tres plenos que se han celebrado con anterioridad en materia de nombramientos, “tampoco el recientemente celebrado el pasado viernes 12 de marzo ha sido una excepción en lo que ya es la norma general en el modo de actuación de la Fiscal General del Estado”, ya que “una vez más -y esta es ya la cuarta- sus propuestas lo son de acuerdo con los votos emitidos por los Vocales electivos por la lista de la Unión Progresista de Fiscales y ello a pesar del principio de mérito y capacidad que debe regir en cada propuesta de nombramiento que se remite al Consejo de Ministros”.

Y añaden: “Así, si os decíamos en el comunicado del pleno de octubre del pasado año 2020 que en los tres casos en que la Fiscal General había decidido la promoción a la primera categoría lo hizo para proponer al Consejo de Ministros el ascenso de candidatos miembros de la Unión Progresista de Fiscales, en este ocasión ha vuelto a hacer lo mismo en la única ocasión en que se ha decantado por ese ascenso: la plaza de Fiscal de Sala Jefe de la Unidad Coordinadora de Menores, en la que ha soslayado al candidato que atesoraba la mayor experiencia práctica y los mayores y mejores conocimientos jurídicos en la materia, candidato que además ostentaba la categoría de Fiscal de Sala”.

Apuntan desde esta asociación “que quizá tenía -a su juicio- el demérito de pertenecer a la Asociación de Fiscales y ello a pesar de la lealtad institucional demostrada durante todos sus años de ejercicio en las más variadas responsabilidades”.

Hacen especial hincapié en que “esta querencia de la Fiscal General por no despojarse de su condición de asociada a la Unión Progresista de Fiscales para adoptar la posición institucional que se le supone a quien ocupa la más alta responsabilidad del Ministerio Fiscal y su obligación de la búsqueda de la excelencia en las propuestas de designación de quienes forman parte de la Junta de Fiscales de Sala, alejadas de cualquier adscripción asociativa o de posicionamientos ideológicos, repercute incluso en el día a día de todos los Fiscales”.

Y hablan de las consecuencias que estos nombramientos discrecionales conllevan, ya que con “el empeño en promocionar a la primera categoría a Fiscales de la segunda y no reasignar a los Fiscales de Sala que ya existen y que no tienen encomendada ninguna jefatura o unidad especializada, supone la hipertrofia de una categoría con efectivos por encima de plantilla que obliga a las necesarias correcciones presupuestarias mientras se escatiman los ascensos a la categoría segunda, se niega la reconversión de plazas de tercera en segunda o no se trabaja por mejorar las retribuciones de los Abogados Fiscales”.