Mazón recuperará la ley de Señas de Identidad que derogó Puig y prohibirá las subvenciones al «catalanismo» en Valencia
El próximo presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, recuperará la ley de Señas de Identidad que el PP aprobó en abril de 2015 y que Ximo Puig derogó en enero de 2016. La norma prohibía otorgar subvenciones a entidades que defienden las tesis de los «países catalanes». Con su supresión, la izquierda valenciana ha tenido vía libre durante dos legislaturas para otorgar este tipo de ayudas públicas. Las últimas, por un monto total de más de 1,8 milllones euros, se repartieron entre el 7 y el 8 de junio, conforme avanzó ABC, después de que el PSPV-PSOE, Compromís y Podemos perdieran las elecciones autonómicas.
El acuerdo alcanzado entre el PP y Vox que permitirá la investidura de Carlos Mazón como presidente de la Generalitat contempla la «aprobación de una ley de Señas de Identidad que proteja los valores, costumbres y tradiciones de la Comunidad Valenciana como parte esencial de la plural riqueza de España«. »Por ello -continúa el texto- eliminaremos las subvenciones a las entidades o asociaciones que promuevan los países catalanes».
En realidad, el nuevo Gobierno de Carlos Mazón rescatará la ley de 2015, que establecía que «en las bases de cada una de las convocatorias de subvenciones públicas de los sujetos incluidos en el sector público valenciano se incorporará, como un supuesto de pérdida del derecho al cobro de la subvención y de reintegro de la misma, que la subvención sea destinada a la realización de una actividad, o al cumplimiento de una finalidad, que manifiestamente supongan un agravio o menosprecio hacia las señas de identidad del pueblo valenciano».
La ley de Señas también contemplaba que «desde la Generalitat, a través de la conselleria que tiene atribuidas las competencias en materia de desarrollo estatutario y, vinculadas a éstas, las funciones relativas a la protección, defensa, revalorización y difusión de las señas de identidad del pueblo valenciano, se adoptarán las medidas oportunas para proceder al reconocimiento oficial de todas aquellas entidades, públicas o privadas, y de todas aquellas personas físicas que se hayan significado por llevar a cabo una labor especialmente destacada a la hora de salvaguardar, promocionar y divulgar las mencionadas señas«. Asimismo, planteaba que »desde la Generalitat se fomentará el fortalecimiento de la imagen identitaria del pueblo valenciano en los medios de comunicación«.
El Gobierno catalán sale al rescate
El PSPV-PSOE, Compromís y Podemos unieron sus fuerzas para derogar la normativa en enero de 2016, de tal forma que en los primeros Presupuestos de la Generalitat elaborados por la izquierda tuvieran encaje legal subvenciones para entidades como Acció Cultural del País Valencià (ACPV), socia de Ómnium Cultural y la Obra Cultural Balear en la Federació Llull, donde trabajan por un «futuro compartido para los países catalanes».
La Plataforma per la Llengua, autoproclamada como la «ONG del catalán», o Escola Valenciana, también han figurado entre las habituales perceptoras de ayudas públicas de la Generalitat de Ximo Puig.
Ante el anuncio del PP y Vox de aprobar la ley de Señas de Identidad, el Gobierno catalán, presidido por el independentista Pere Aragonès, ya ha iniciado los contactos con organizaciones que pudieran resultan damnificadas por la nueva política de subvenciones del futuro Ejecutivo valenciano. Para ello, se han ofrecido para continuar promocionando las tesis catalanistas en la autonomía vecina.
