Tertulia: “Aunque los venezolanos lo agradezcan, lo sucedido con Maduro en Venezuela viola la legalidad internacional”

La proclamación de Delcy Rodríguez como 'presidenta
encargada' de Venezuela, tras la captura y traslado de Nicolás
Maduro a Nueva York por fuerzas estadounidenses, marca el
inicio de un experimento inédito: por primera vez, una dictadura
marxista-leninista con casi tres décadas de arraigo se ve
forzada desde el exterior a reformarse desde dentro. El
comunicado divulgado por Rodríguez tras su primer Consejo de
Ministros no es una mera declaración de intenciones: es el
primer paso de una operación diseñada y supervisada por
Donald Trump y su secretario de Estado, Marco Rubio.
Que Maduro haya sido apartado no convierte automáticamente
a Venezuela en una democracia. Pensar que una dictadura
comunista puede regenerarse por voluntad propia sería
ingenuo. EE.UU. sostiene que la única vía para desmontar el
modelo cubano implantado en Venezuela sin desencadenar
una guerra civil pasa, paradójicamente, por quienes lo
construyeron. Pero esta lógica entraña enormes riesgos.
Rodríguez no es ajena al régimen: ha sido una de sus figuras
clave desde los tiempos de Chávez. Ministra de Exteriores, de

Hacienda, vicepresidenta y rostro visible del aparato de
censura, su perfil no encarna precisamente la ruptura. Aunque
ahora ensaye un giro discursivo hacia Trump, el chavismo ha
demostrado una notable capacidad de mimetismo. Chávez
resistió un golpe y un referéndum; Maduro robó unas
elecciones y se mantuvo en el poder pese al rechazo popular.
Nada impide que el chavismo repita el esquema: simular
reformas, liberar a algunos presos… y conservar el control
desde las sombras.
En los primeros meses (todavía sin fecha) se celebrará en el
Tribunal Supremo el juicio por el conocido «caso mascarillas»,
en el que no solo se sustancian presuntas irregularidades en la
adquisición del material sanitario en pandemia sino también,
entre otras cuestiones, el «enchufe» de una expareja del
entonces ministro en dos organismos públicos o el chalet del
que disfrutó Ábalos en Cádiz a cuenta de la trama o el céntrico
ático que Aldama pagó a la entonces novia del ministro en
Madrid.
El extitular de Transportes, actualmente en prisión preventiva
en Soto del Real, se sentará en el banquillo junto a quien fuera
su asesor Koldo García (ambos se enfrentan a unas peticiones
de condena hasta de 30 años de cárcel) y el comisionista
Víctor de Aldama, cuya confesión permitió a la Unidad Central
Operativa (UCO) –pesadilla del Gobierno– avanzar en la
investigación desdoblada en el Tribunal Supremo y la
Audiencia Nacional.
Precisamente a la Audiencia Nacional estará obligado el
Gobierno a mirar de reojo. La investigación sobre los pagos en
metálico en Ferraz (que el Supremo dejó en manos del juez
Ismael Moreno) no ha hecho sino dar sus primeros pasos, pero
presagia un buen puñado de titulares en 2026. La abundante
documentación remitida por el PSOE tanto al Supremo como a
la Audiencia no ha convencido ni a uno ni a otro tribunal, pues

determinados pagos siguen sin encajar en la contabilidad
socialista, que además ha levantado recelos judiciales por el
escaso control en la justificación de los gastos, que Ferraz
atribuye al equipo de la Secretaría de Organización, y en sus
entregas, tanto a Koldo García como a su entonces pareja
Patricia Úriz, que deberá dar explicaciones ante el juez el
próximo 20 de enero (las conversaciones del matrimonio sobre
la recogida de «sobres» en Ferraz, incautadas a Koldo García,
impulsaron precisamente la investigación judicial).