Manuel Vallejo: “Resulta gracioso recordar que mis pisos los compré al gobierno desesperado por venderlos en la crisis de 2010”

El Gobierno aprobó el pasado martes, 29 de septiembre, su nuevo paquete de medidas en materia de vivienda, que amplía hasta 2030 la protección frente a determinados desahucios, regula los alquileres de temporada y por habitaciones, permite la prórroga de determinados contratos y limita algunas operaciones de inversión residencial. Las medidas, dirigidas a reforzar la protección de los inquilinos y de los hogares vulnerables, han provocado las primeras críticas entre expertos inmobiliarios y colectivos de propietarios.
Unas medidas que después se tumbaron en el Congreso de los Diputados al no obtener la mayoría, pero que ayer mismo se han vuelto a aprobar en Consejo de Ministros. A primera vista, todo un despropósito.
El principal reproche pasa por considerar que el nuevo decreto vuelve a actuar sobre las viviendas que ya están en el mercado sin abordar el problema estructural de la falta de oferta. El sector inmobiliario sostiene que las nuevas medidas «siguen intentando resolver la crisis de acceso a la vivienda actuando sobre propietarios, inversores e inmuebles ya existentes», mientras continúa sin resolverse la falta de vivienda disponible. La Administración debería asumir un papel más activo en la generación de vivienda asequible. La vivienda se ha convertido en uno de los principales problemas del país y se pretende solucionar actuando sobre los propietarios, los contratos y las viviendas que ya existen. La Administración debe asumir su responsabilidad, generar vivienda asequible y aumentar la oferta de forma estructural. Quizás sea su propia forma de actuar en los últimos años lo que ha generado este grandísimo problema.