Las inmobiliarias temen que el decreto antidesahucios llame a la ocupación ilegal

Las grandes inmobiliarias han recibido como una noticia "positiva" la posibilidad de recibir una compensación por el perjuicio que les ocasione la suspensión de los desahucios, pero siguen temiendo el efecto llamada a la ocupación de viviendas que pueda generar la protección del decreto antidesahucios a las familias sin contrato.

Así lo ha señalado a Efe, a la vista del último borrador del decreto, Beatriz Toribio, directora general de la Asociación de Propietarios de Vivienda en Alquiler (Asval), que representa a compañías como Ares, Testa Homes, Albirana Properties (la socimi de alquiler de Blackstone), Tectum, la promotora catalana La llave de oro y Aedas Homes, y que preside el exministro socialista y exalcalde de Barcelona, Joan Clos.

A la espera de cómo quede finalmente el decreto, Toribio ha explicado que la preocupación de los grandes propietarios se centra en estos momentos en la "ocupación", porque "puede suponer un efecto llamada que no le interesa al mercado en sí ni a España como sociedad".

Tras defender que los propietarios, tanto profesionales como particulares, han llevado a cabo durante la pandemia medidas de ayuda a los inquilinos en situación de vulnerabilidad, ha sostenido que "no es lo mismo adoptar medidas para familias que lo están pasando mal por el covid que para los okupas ilegales".

La última propuesta de decreto del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) permite a los jueces suspender desahucios de familias sin contrato de arrendamiento, durante tres meses o mientras dure el estado de alarma.

Toribio cree que esa "expropiación" temporal de las viviendas puede provocar una "oleada de demandas que genera mucha ligitiosidad e inseguridad, lo que va en contra de las necesidades del mercado".

Sobre las compensaciones a los propietarios, la directora de Asval recuerda que quedan flecos por cerrar y que no es lo mismo que estas se calculen en función del índice de precios de alquiler que de la renta pactada.

Según el texto, al que ha tenido acceso Efe, la compensación consistirá en el precio medio de alquiler del entorno en el que se ubique el inmueble, lo que será determinado a partir de los índices de referencia más los gastos corrientes asumidos y acreditados por el arrendador, por el período que medie entre la suspensión del desahucio y su levantamiento.

Este ha sido uno de los puntos de fricción entre los socios de gobierno que ha retrasado la redacción de la normativa, ya que hasta ahora el vicepresidente segundo y ministro de Derechos Sociales, Pablo Iglesias, rechazaba que fueran compensados los grandes tenedores de vivienda, es decir, los propietarios de más de diez inmuebles, lo que incluye a los fondos de inversión, entidades financieras, administraciones públicas y sociedades inmobiliarias y de gestión de activos.

La propuesta del Mitma recalca que, si la solución habitacional se aplica en los tres meses siguientes desde la emisión del informe de los servicios sociales, el propietario no tendrá derecho a solicitar la compensación, es decir que ésta no es de oficio, sino a previa solicitud y acreditación del perjuicio económico.

Esta solicitud de compensación podrá presentarse hasta un mes después de la vigencia del estado de alarma, según el borrador de decreto, que aún no tiene fecha de aprobación, aunque el Gobierno prevé que sea en el Consejo de Ministros del 22 de diciembre o el siguiente.