Las comunidades exigen al Gobierno "herramientas" cuando decaiga el estado de alarma

Una vez que el Gobierno mantiene su intención de finiquitar el estado de alarma el próximo 9 de mayo porque entiende que los datos epidemiológicos avalan que no es necesaria una prórroga de esa situación excepcional, algunas comunidades autónomas se preparan ya para articular herramientas que, en un entorno de pandemia, permitan tomar decisiones en materia de movilidad y horarios.

La ministra de Hacienda y portavoz, María Jesús Montero, ha reiterado la intención del Gobierno de levantar la alarma, ya que los datos epidemiológicos que se van conociendo respaldan esa decisión y ha insistido en que las comunidades autónomas tienen los instrumentos necesarios para enfrentarse a la nueva situación. Por eso ha rechazado aprobar medidas que permitan restringir derechos con leyes ordinarias.

Así, el Ejecutivo dice que hay herramientas suficientes, pero el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, ha insistido en pedir al Gobierno "pequeñas modificaciones" en tres leyes (la ley general de Sanidad, la ley de Cohesión y la ley de Salud Pública) para poder tomar decisiones como controles perimetrales, confinamientos y toques de queda.

El consejero advierte que cuando decaiga el estado de alarma las decisiones que tome el Gobierno regional "llegarán hasta donde llegue" el rango competencial de la Comunidad de Madrid, como controles de aforos y limitación de horarios, pero, ha subrayado, en los casos en los que quieran limitar movimientos deberán contar con la ratificación del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

Y ha apremiado al Gobierno: "Es una decisión que tiene que tomar el Congreso de los Diputados, que tiene un periodo de 15 días y ya no llegamos".

Marco normativo en Cataluña

Igualmente, en Cataluña, el Govern prepara un marco normativo que espera aprobar la próxima semana, que le permita poder aplicar el toque de queda nocturno en Cataluña a partir del 9 de mayo, aunque sabe que cualquier decisión al respecto requerirá del aval de la justicia.

La consejera de la Presidencia, Meritxell Budó, explicaba que el Ejecutivo está "estudiando mecanismos para dotarse de un marco normativo en caso de que sea necesario decretar un toque de queda", es decir, un "paraguas legal" que podría ser aplicable también en el caso de restricciones de movilidad.

Budó ha recordado que si Pedro Sánchez no prorroga el estado de alarma, las decisiones que tome la Generalidad sobre limitaciones de movilidad requerirán de la autorización del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC). El inconveniente en este caso es que no serán de aplicación "inmediata" y "eso cambiará la manera de gestionar las restricciones".