La Vila Joiosa redacta la demolición de parte del Atrium Beach: cinco meses para el proyecto

LA VILA JOIOSA. Pocos son los conflictos urbanísticos que encuentran un final rápido en la costa alicantina, y la Vila Joiosa no iba a ser una excepción. El Ayuntamiento ha conseguido adjudicar, en su segundo intento, la redacción del proyecto de demolición de parte del hotel Atrium Beach que fue declarado como exceso de edificabilidad por la justicia. Un asunto que sigue pendiente de pronunciamiento por parte del Tribunal Constitucional al que recurrió la propiedad para evitar este desenlace. El documento podría estar listo en los próximos cinco meses si se cumplen con los plazos establecidos.

Como viene contando este diario, el hotel es propiedad de la mercantil Hotel Luna SA, dueña de la conocida cadena de Benidorm Magic Costa Blanca, ahora Magic Hotel Group. A modo de resumen, el establecimiento tenía licencia para 11 alturas, pero terminaron construyéndose 21. Tal y como publicó la prensa local entonces, en 2003 ocurrieron dos accidentes laborales muy seguidos en los que fallecieron tres trabajadores. Fue en ese momento cuando se detuvo la construcción, al tiempo que tenían hasta siete decretos de paralización emitidos por el Ayuntamiento entre 2002 y 2003 por exceso de edificabilidad. A partir de ahí, ambas partes firmaron unos acuerdos para darle viabilidad, pero los jueces los terminaron tumbando en 2017, ratificándose también en 2019 inadmitiendo los recursos de casación.

Mientras el Constitucional da una respuesta a la propiedad que termine de dar certezas sobre su futuro, lo cierto es que el Consistorio en paralelo está tratando de redactar el plan de derribo de este edificio que nunca llegó a abrir y que se estima que quedó al 90% de su finalización. Hay que tener en cuenta que desde el 2018 cuenta la última orden de derribo que decretó el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana sobre parte de esta estructura.

Para dar cumplimiento a la sentencia, en diciembre de 2024 sacaban a licitación la asistencia técnica para la redacción del proyecto de demolición de esta construcción. Era la segunda vez, después de que el primer intento un año antes terminara con una adjudicación desierta porque la empresa no entregó toda la documentación necesaria. Al nuevo proceso se presentaron cinco ofertas, siendo la ganadora Verónica Vivo Ortiz, que obtuvo la mejor puntuación, por encima de José Antonio Meneses Navarro, Taller de Arquitectura y gestión de obra, Arquitectura y Urbanismo SingularQ y Bimobra.

Tal y como recoge el decreto de alcaldía del 20 de junio, el contrato suscrito con la mejor oferta asciende a 53.240 euros, impuestos incluidos. A su vez, cuenta como fecha de inicio del contrato el 26 de junio, a partir de entonces empezarán a contar los 150 días de contrato (cinco meses). 

15.000 metros cuadrados

Este no sería el primer derribo al que se somete la estructura. Para dar legalidad al hotel y compensar los 53.000 metros cuadrados de más que se reconocieron, llegaron al acuerdo de que la empresa cediera tres parcelas dotacionales, el abono de 1,5 millones de euros y demolió unos 15.000 metros cuadrados del edificio. Sin embargo, las sentencias dieron al traste con este plan de legalización, teniendo que devolver la cuantía y las parcelas, motivo por el cual el ayuntamiento lleva años enfrascado en la modificación puntual nº 2 del Plan de Reforma Interior M20 y TI-13 del PGOU.

Como ya informara Plaza, en octubre de 2024 el Ayuntamiento optó por suspender por un plazo máximo de dos años el otorgamiento de licencias y permisos para la parcelación de terrenos, edificación, demolición y cambio de uso en esta zona de la Cala. El objetivo es facilitar el estudio o reforma de la ordenación urbanística mencionada para depurar de manera formal, gráfica y normativa la ordenación vigente del sector TI-13 M20, en el que está enclavado este hotel. Así, se espera que puedan incluir suelo dotacional público para un centro de Educación Especial, otra para el consultorio de Atención Primaria, y una tercera para la extensión administrativa y las oficinas de la Policía Local. Todo ello en las parcelas vinculadas al establecimiento.