La Guardia Civil detiene en Alicante a cuatro personas por trata de seres humanos y explotación sexual

La Guardia Civil de Alicante y Almería finalizaron el
pasado 14 de abril la denominada Operación Zulia-Aragua con la detención de
cuatro personas por supuestos delitos de trata de seres humanos y explotación
sexual, después que dos mujeres que estaban siendo explotadas consiguieran
huir hacia Almería donde encontraron una pareja de la Guardia Civil a la que
pidieron auxilio.

A principios del mes de octubre de 2019, dos mujeres se encontraron con una
patrulla de la Guardia Civil en la vía pública en la localidad Roquetas de Mar
(Almería), a la que solicitaron auxilio. Manifestaron a los agentes que habían sido
traídas mediante engaño a España, concretamente a la localidad de Alicante,
donde habían sido víctimas de un delito de explotación sexual bajo amenazas y
que habían conseguido huir hacia Almería. Ante la gravedad de los hechos, se
inició una investigación conjunta por parte de los Equipos Mujer Menor (EMUME)
de las Comandancias de la Guardia Civil de Alicante y Almería.

Se inició una investigación, en la que se conoció que estas mujeres, de
nacionalidad venezolana, habían sido traídas a España a través de un
matrimonio español afincado en Alicante. Este matrimonio, que regenta un
restaurante en la provincia de Alicante, había creado una agencia de viajes con
el único fin de poder traer mujeres de diferentes países latino-americanos sin
levantar sospechas. Contactaban previamente con las mujeres, todas ellas
habían huido de sus países de origen estando sumidas en situaciones de
pobreza extrema, les informaban que ellos correrían con todos los gastos del
viaje, y que esa cantidad la tendrían que devolver luego ejerciendo la prostitución
en España en lugares regentados por ellos.

A las que accedían, les enviaban los billetes de avión desde España para que
viajaran desde los países donde se encontraran hasta el aeropuerto de Barajas,
les daban instrucciones de cómo pasar el control de inmigración en el
aeropuerto: les enviaban los billetes de ida y vuelta, (aunque el viaje de vuelta ya
no lo iban a utilizar), y les indicaban que manifestaran que venían como turistas,
a hacer turismo en España.

A su llegada a España, las trasladaban a una vivienda de Alicante, donde les
informaban que la deuda que habían contraído ascendía a cantidades de entre
1.500 y 2.300 euros, y les explicaban las condiciones para su devolución.
Dichas condiciones consistían en que el importe se pagaría de manera íntegra
con el ejercicio de la prostitución, que el total de cada uno de los servicios
prestados iría para los proxenetas . Ellas no tendrían acceso al dinero y serían
los proxenetas los que concertaran los pagos con los clientes, descontando la
mitad de ese servicio del importe total de la deuda. Que por otro lado, al no
disponer las mujeres de dinero ni tan siquiera para su manutención, serían los
proxenetas los que se harían cargo de los gastos de su manutención,
alimentación, ropas, etc. Si bien todos esos cargos se sumarían al importe de la
deuda contraída.

Los problemas empezaron cuando, con la llegada de un nuevo socio al negocio
de prostitución, éste se hizo con todas las llaves de la vivienda donde vivían y
ejercían la prostitución, les dio indicaciones de que para salir de la vivienda le
tendrían que pedir permiso a él, y hacerlo solo de manera individual y para dar
cortos paseos por los alrededores, así como que empezó a ofrecer en distintos
sitios web de anuncios de prostitución la realización de distintos sexuales sin el
conocimiento ni consentimiento de ellas.

Que esta circunstancia motivó que las mujeres se negaran a la realización de
distintas prácticas sexuales, los clientes reprocharan que dichos servicios
estaban anunciados, y se creara un clima de tensión con los proxenetas, los
cuales empezaron reprochando a las mujeres que si no accedían a dichos
servicios no podían competir con otros sitios de prostitución de la zona.
Los proxenetas se aprovecharon de la situación de vulnerabilidad de las víctimas,
las cuales se encontraban solas en un país donde no conocían a nadie y no
disponían de ningún recurso económico propio debido a la situación dedependencia total que ellos mismos le habían provocado al no darle acceso a las
llaves de la vivienda ni al dinero que se obtenía del ejercicio de la prostitución, y
comenzaron a vigilar de manera directa la prestación de los servicios así como a
proferir amenazas previas a la realización de éstos para que se prestaran a todo
lo que les fuera solicitado por los clientes.

Este hecho provocó situaciones en las que las mujeres rompieron a llorar durante
los servicios sexuales, y que les dijeran a los clientes que estaban obligadas a
realizar esos tipos de servicios.

Al conocer los proxenetas estos hechos por los propios clientes a la hora de
realizar el pago, procedieron a echar a las mujeres a la calle, con lo puesto sin
dejarles recoger sus pertenencias y sin dinero, así como a desmantelar la
vivienda en la que se ejercía la prostitución ante el temor a una denuncia,
advirtiendo a las mujeres que el resto del pago de la deuda les tendría que ser
enviado a la mayor brevedad posible.

Dos de estas mujeres pidieron dinero a través de una remesadora de dinero
internacional, a amistades que tenían en un país europeo, los cuales les enviaron
una cantidad de dinero para que pudieran abandonar Alicante y les facilitó el
teléfono de compatriotas suyas afincadas en Almería para que las alojaran.

Desde su llegada a Almería, empezaron a recibir en sus teléfonos móviles
amenazas constantes reclamándoles el pago de la deuda, motivo por el cual,
ante el temor de que los proxenetas pudieran saber su paradero, pidieron auxilio
a una patrulla de la Guardia Civil.

La investigación permitió detectar un total de cinco mujeres que habían sido
traídas a España con el mismo modus operandi, así como a la localización y
toma de declaración de tres de ellas en calidad de víctimas de los delitos
investigados.

Tras una extensa investigación, en la que se hallaron numerosos indicios que
revestían de veracidad las manifestaciones de las denunciantes, e inferían la
comisión de delitos de trata de seres humanos con fines de explotación sexual
por parte de los investigados, los días 13 y 14 de abril de 2021 se produjo la
detención del citado matrimonio, siendo ambos de nacionalidad española, de 34
y 35 años de edad respectivamente. Se trataba de dos personas sin
antecedentes.

Igualmente se detuvieron a dos personas más, uno de nacionalidad colombiana,
de 35 años que había participado activamente en la explotación sexual de las
mujeres, y otro de nacionalidad ecuatoriana de 50 años de edad, éste último que
había participado en las labores de captación en los países de origen de las
denunciantes.

A todos ellos se les imputa como presuntos autores, un delito de trata de seres
humanos con fines de explotación sexual y un delito contra los derechos de los
ciudadanos extranjeros.

En la misma fecha se procedió a la imputación de los mismos hechos en calidad
de investigada a una mujer española de 29 años, la cual ejercía labores
administrativas en la agencia de viajes.

El día 15 de abril, los detenidos fueron puestos a disposición judicial, quien
decretó como medidas cautelares la retirada de pasaporte y la presentación
periódica.