La Diputación exige al Gobierno una ley que proteja el derecho a la propiedad privada y combata eficazmente la ocupación ilegal de viviendas

El pleno de la Diputacion de Alicante ha aprobado esta mañana

una moción conjunta de los grupos que conforman el equipo de gobierno

–PP y Cs- en la que se insta al Gobierno central a aprobar de manera

urgente una ley que garantice el derecho constitucional a la propiedad

privada y combata eficazmente la ocupación ilegal de vivienda.

El diputado de Carreteras, Alejandro Morant, quien ha sido el

encargado de defender este acuerdo, que ha contado con el voto en

contra del grupo Compromís y la abstención del Grupo Socialista, ha

puesto de manifiesto que “lo que se esconde detrás de estas ocupaciones

ilegales es, en la mayoría de los casos, mafias y redes de negocios ilegales

muy lucrativos” y ha advertido de la situación de degradación que la

ocupación ilegal de viviendas provoca en muchos barrios y calles de los

municipios. “Hay barrios enteros muriendo por esta lacra”, ha apuntado.

El responsable provincial ha defendido la necesidad de que las

administraciones competentes, especialmente la autonómica, genere

parques de viviendas públicas para los ciudadanos y familias que se

encuentran en situación de emergencia o exclusión social y ha defendido las

modificaciones legales y las medidas incluidas en las proposiciones

de Ley Orgánica contra la ocupación ilegal y para la convivencia vecinal

presentadas por el Grupo Parlamentario Popular y el de Ciudadanos

en el Congreso de los Diputados.

Por su parte, los grupos de la oposición han indicado, para justificar

su rechazo a la propuesta, que “ya hay mecanismos legislativos para

combatir la ocupación ilegal y lo que falta son recursos en los juzgados”, ha

defendido el portavoz de la formación nacionalista, Gerard Fullana,

mientras que por el del grupo socialista, Toni Francés ha focalizado el

problema en los bancos y fondos buitres “que en muchos casos no

denuncian la ocupación ilegal de sus viviendas y, por tanto, no se puede

iniciar el trámite de desalojo de oficio”.

El pleno celebrado esta mañana, de forma telemática, también ha

sido espacio para mostrar el rechazo de la Diputación a la decisión de

la Confederación Hidrográfica del Júcar de declarar la

sobreexplotación de acuíferos del Alto Vinalopó a través de una

moción conjunta suscrita por los grupos PP, PSOE y Cs, que ha contado con

la abstención de Compromís.

La vicepresidenta y diputada de Ciclo Hídrico, Ana Serna, ha vuelto a

recordar que se trata de una decisión “unilateral” y que supone un “agravio

comparativo” para los usuarios de la provincia de Alicante “sin que

previamente se haya garantizado el suministro de agua para los afectados

por esta decisión”.

“La falta de previsión y la toma de acuerdos equivocados por parte de

distintas administraciones, como la derogación del trasvase del Ebro o el

cambio de toma del trasvase Júcar-Vinalopó, nos ha llevado a esto”, ha

lamentado la diputada, quien ha alertado de que “la provincia de Alicante

lleva recibiendo amenazas por parte del Gobierno central desde hace un año

en materia hídrica”. En este sentido, ha puesto como ejemplos el rechazo

de las Confederaciones del Júcar y del Segura de formar parte de la

Comisión Provincial del Agua, el contenido del Esquema de Temas

Importantes del Tajo-Segura con propuestas para reducir la cantidad

trasvasable o la petición del Ministerio de Transición Ecológica para cambiar

las reglas de explotación de esta cuenca. “El problema de este país no es la

falta de agua sino la mala gestión”, ha alertado.

El texto aprobado, que ha incorporado aportacionesde todos los

grupos políticos en aras al consenso, insta al Gobierno de España y a la CHJ

la exención de los costes de amortización del trasvase Júcar-

Vinalopó para los usuarios, solicita la aprobación de un decreto en el que

se articulen ayudas para los afectados y reclama que las medidas a

adoptar se desarrollen con el acuerdo de las comunidades de usuarios

representativas de esas masas de agua que han de constituirse.

Por su parte, el portavoz de Ciudadanos, Javier Gutiérrez ha

manifestado su satisfacción “por la voluntad de acuerdo para defender los

pactos alcanzados en la Mesa Provincial del Agua para el uso de los

acuíferos mientras no haya otra alternativa para garantizar el suministro a

todos usuarios y actividades económicas de la provincia”. Ha incidido en que

es una opción necesaria “en ausencia de un pacto nacional por la mala

gestión del Gobierno, que no plantea alternativas y mira hacia otro lado”. La

solución es, a su juicio, “ir de la mano. Si somos incapaces de llegar a

acuerdos en el propio territorio valenciano perderíamos la legitimidad para

poder negociar con otras autonomías”, ha advertido.

Durante la sesión se ha aprobado, asimismo, una moción del Grupo

Popular en la que se exige a la Conselleria de Sanitad a que de forma

urgente posibilite la apertura y puesta en funcionamiento del Edificio

de Rehabilitación Psicosocial del Centro Doctor Esquerdo como

Hospital de Salud Mental y tratamiento de toxicomanías y con la oferta

asistencial solicitada.

Tal y como ha señalado el diputado responsable del área, Juan

Bautista Roselló, el centro “cumple todos los requisitos que eran exigibles,

técnica y legalmente” por lo que la decisión de la Generalitat del pasado

mes de septiembre de denegar su apertura “está totalmente infundada”.

“La postura de la Conselleria condena al edificio a no poder destinarse

al uso previsto y a los usuarios y pacientes necesitados de estas

instalaciones a no poder usarlas, con la indignación de haber visto como la

Conselleria las ha utilizado, sin ningún problema, dos meses antes”, en este

caso para descongestionar diferentes hospitales de la provincia para

atender pacientes ingresados por Covid19, tal y como ha puesto de

manifiesto Roselló.

El responsable provincial, quien ha reiterado “que no tiene sentido

que el expediente para la apertura del centro esté sobre la mesa de la

Conselleria durante tres años sin resolverse”, ha recordado, asimismo, que

la Diputación de Alicante financia los servicios de salud mental, con

un coste aproximada de 12 millones de euros anuales a pesar de

tratarse de una competencia impropia que corresponde a la Generalitat.

Gutiérrez, por Ciudadanos, ha mostrado su respaldo a la moción y ha

reclamado “que se permita que los usuarios de Doctor Esquerdo hagan uso

de unas instalaciones de vanguardia, que permanecen bloqueadas ya tres

años”. Ha criticado, además, “que a otras formaciones se les llena la boca

con el Fondo de Cooperación y se olvidan de pedir que el Consell asuma las

competencias impropias”.

Por su parte, tanto Compromís como el PSOE han rechazado el texto

al entender que el retraso responde a “cuestiones técnicas” y acusar al

equipo de gobierno de hacer uso de este tema para “atacar políticamente al

Gobierno valenciano”, ha indicado la diputada socialista Eva Delgado.

En otro punto del orden del día se ha aprobado, en este caso por

unanimidad y a instancias del Grupo Compromís, un acuerdo para

defender el uso de los recursos municipales, reclamando al Gobierno

de España la aprobación inmediata del decreto que permite a los

ayuntamientos hacer uso de los remanentes de tesorería y la

suspensión de la regla del gasto.

Por otra parte, la vicepresidenta y diputada de Cultura, Julia Parra,

ha defendido la gestión y el proyecto cultural del Instituto Alicantino

de Cultura Juan Gil-Albert en respuesta a la moción presentada por el

diputado de Compromís, Gerard Fullana, a quien ha invitado “a conocer

una propuesta gestionada con total transparencia. Todos los pasos que se

han dado son públicos, incluido el nombramiento del equipo que

acompañará durante esta legislatura a la dirección, que se ha hecho

conforme a lo establecido en los estatutos y en consenso con la responsable

de conducir una de nuestras instituciones culturales más emblemáticas y

prestigiosas”. La vicepresidenta ha pedido “un voto de confianza a favor del

nuevo equipo directivo que acaba de arrancar con muchas ganas” y ha

defendido además la autonomía cultural de la institución y su buen

funcionamiento. “Esto no es Divalterra”, ha apostillado.

Finalmente, y ante la moción del Grupo Socialista de constituir un

Foro de Alcaldes y Alcaldesas de la provincia, los grupos de gobierno han

presentado una enmienda a la totalidad contra este acuerdo al considerar

que el futuro Reglamento Orgánico de la Diputación, que esta misma

mañana ha sido entregado en la Junta de Portavoces a la oposición para su

estudio y debate, ya contempla la participación de los ayuntamientos

en la política provincial a través de iniciativas como el ‘Escaño 32”, que

permitirá la intervención de hasta tres alcaldes en los plenos provinciales.

Tras pedir al portavoz socialista que dejará el punto encima de la

mesa, petición que ha sido rechazada por Francés, el portavoz de Gobierno,

Adrián Ballester, ha trasladado el compromiso de la institución con “la

participación activa de los alcaldes”, quienes además de los plenos, tendrán

la oportunidad de asistir al debate sobre el Estado de la provincia, tal y

como se recoge en el borrador del nuevo reglamento.

“Incluso podríamos incluir ese foro que el Grupo Socialista propone

en el futuro reglamento que está previsto aprobar en noviembre porque

nuestra voluntad de diálogo es absoluta”, ha indicado Ballester, quien ha

incidido, asimismo, en que la nueva norma también fomenta la participación

ciudadana en la gestión provincial a través de figuras como la iniciativa

popular.