La Diputación de Alicante sitúa en el 7% la reserva de sus contratos para empresas de inserción social y centros especiales de empleo

La Diputación de Alicante ha establecido en un 7% - el más

alto de la Comunitat Valenciana- el porcentaje mínimo de reserva en los

procedimientos de adjudicación de determinados contratos para

Centros Especiales de Empleo de iniciativa social y empresas de

inserción, lo que favorecerá el empleo de personas con discapacidad o

en riesgo de exclusión social.

El pleno de la institución provincial ha aprobado esta mañana esta

medida que, tal y como ha destacado el responsable del área, Juan de

Dios Navarro, “convierte a la Diputación de Alicante en una administración

pionera, no sólo en la Comunitat Valenciana, ya que el porcentaje fijado

supera en un 3% lo que recomienda la Ley de Contratos del Sector Público”.

En este sentido, ha recordado que la Generalitat Valenciana tiene

establecido un 3% frente al 7% aprobado por la institución alicantina.

“Hoy es un día histórico porque este acuerdo va a tener un impacto

muy positivo, dando voz a un sector que realiza una gran labor por la

integración social y laboral de los colectivos más vulnerables”, ha indicado

Navarro, quien minutos antes del pleno se ha reunido, junto al presidente

de la institución, Carlos Mazón, con representantes de las empresas de

inserción social y los centros especiales de empleo de la provincia de

Alicante. Durante el encuentro se ha presentado la guía elaborada por la

Diputación para orientar a las entidades del tercer sector y a los

ayuntamientos en el proceso de la contratación pública, animándoles a

aplicar criterios sociales en sus procesos licitadores.

Ayudas ciclo hídrico

El pleno de la Diputación, celebrado de forma telemática, ha dado el

visto bueno, además, a cuatro convocatorias de ayudas, dotadas con

3.150.000 euros y dirigidas a ayuntamientos y entidades de riego, para

impulsar la mejora y ejecución de infraestructuras hidráulicas de

saneamiento y abastecimiento e instalaciones y otras inversiones que

incrementen la eficiencia del uso del agua en regadío, ha explicado la

diputada de Ciclo Hídrico, Ana Serna.

Mociones y propuestas

En el apartado de mociones, durante la sesión ha salido adelante una

propuesta conjunta impulsada por el Grupo Popular y Ciudadanos en la que

se muestra el rechazo a la nueva ley educativa conocida como ‘ley Celaá’

por considerarla “un ataque frontal a la democracia y un freno para que

nuestro sistema educativo alcance los niveles de calidad, equidad y libertad

propios de los sistemas más modernos e innovadores”.

En este sentido, los dos grupos que conforman el equipo de gobierno

muestran su apoyo al recurso de inconstitucionalidad contra la LOMLOE

para garantizar que no se vulneran derechos constitucionales como la

libertad de elección o el derecho a recibir educación en castellano.

El portavoz popular, Eduardo Dolón, encargado de defender la

moción, ha acusado al Gobierno central de “tramitar esta norma de

espaldas a la comunidad educativa y a la sociedad, apostando por un

modelo caduco y anticuado que rompe el pacto constitucional en materia

educativa”.

Por otra parte, todos los grupos de la corporación han respaldado una

moción del Grupo Socialista dirigida a combatir el acoso escolar en

todas sus formas. La diputada socialista Carolina Gracia ha destacado

que “es imprescindible la toma de conciencia y la puesta en marcha de

acciones encaminadas a la formación, información y sensibilización”. En

este sentido, se propone una campaña de sensibilización para exponerla

en los centros educativos o la organización de unas Jornadas Provinciales

contra el Acoso Escolar.

La diputada del área, Mª Carmen Jover, ha resaltado que la

Diputación de Alicante “es una administración completamente

comprometida contra el acoso escolar” y ha puesto como ejemplo las

diferentes actividades que con este fin se vienen impulsando desde 2014,

como el estudio Crimina sobre la ciber victimización, la campaña Ciber App

desarrollada en los centros educativos, el programa Hero o la Guía de

prevención del acoso escolar editada por la institución.

Por su parte, la vicepresidenta y diputada de Cultura, Julia Parra, ha

respaldado la propuesta y ha defendido “un programa a nivel nacional que

combata el acoso escolar y defienda soluciones desde diferentes ámbitos,

entre ellos, cursos de formación que ayuden a los alumnos en la resolución

de los conflictos”. Ha criticado además que “a pesar de este alto grado de

violencia escolar, el Estado no está interviniendo, ni parece que tenga una

estrategia firme para afrontar el problema”.

Finalmente, pleno ha rechazado una moción presentada por el Grupo

Compromís a cuenta de la celebración de un acto organizado por el PP

en IFA en el año 2009 y que estaría pendiente de cobro. Los grupos

Popular y Ciudadanos han presentado una enmienda a la totalidad a la

propuesta defendida por Gerard Fullana en la que reprobaba esta cuestión

y exigía el pago de la deuda, además de toda la documentación relativa a la

cena, así como la requerida por el Síndic de Greuges sobre la contabilidad

del grupo Popular en la misma época.

El diputado popular, Juan Francisco Pérez Llorca, ha recordado

que “ningún órgano –Fiscalía y Agencia Valenciana Antifraude- ha atribuido

conducta dolosa, y por tanto subsumible en ilícito legal, la no facturación de

la cena mitin, atribuyendo a un error técnico o administrativo de IFA”.

Asimismo, ha avanzado que tras el archivo de la causa, el PP y la institución

ferial han llegado a un acuerdo con procedimiento monitorio, como única

vía legal, para hacer frente al pago.

El responsable popular ha defendido que la enmienda presentada por

el equipo de gobierno y que ha salido adelante plantea, entre otras

cuestiones, “exigir a todos los grupos políticos de la Diputación y a todas las

formaciones políticas del país, que la integridad, la sobriedad, la

ejemplaridad, la responsabilidad y la cooperación sean los principios que

guíen su conducta”.

El portavoz de Ciudadanos (Cs) y diputado de Infraestructuras,

Javier Gutiérrez, también ha acusado al portavoz de Compromís de

presentar una reprobación “basada en la ficción que tiene como única

finalidad manchar la reputación de un miembro de esta Corporación y, sea

del partido que sea, la acusación, por lo menos, debería estar

fundamentada” por lo que le ha exigido que “no mienta ni tergiverse la

verdad con un asunto en el que, además, el pleno de la Diputación no tiene

competencia alguna”.

Gutiérrez ha aclarado que “Ciudadanos no va a convertirse en juez,

en fiscal, en instructor de la Agencia Antifraude e incluso en Tribunal de

Cuentas, como nos exige el Grupo Compromís, iniciando investigaciones

para las que el pleno de la Diputación no sólo no tiene competencia, sino

que además pasaría por encima de todos los órganos fiscalizadores y la

administración de Justicia, que ya se ha pronunciado respecto de este

asunto archivándolo”.

El orden del día del pleno se ha cerrado con la votación de una

moción presentada por el Grupo Socialista para instar al Gobierno de

España a que permita a la administración local poder agilizar los trámites de

las ayudas para paliar las consecuencias del Covid19. El texto original ha

sido enmendado parcialmente por los grupos Popular y Ciudadanos,

aprobándose con estos cambios finalmente, con la abstención de PSOE y

Compromís.