Francisco González: “Es una vergüenza que el gobierno quiera que las causas dejen de estar instruidas por los jueces”

El Consejo de Ministros aprobó este martes otro proyecto de reforma de la Justicia, enésimo episodio de la actividad legislativa por entregas, la mayoría fallidas, que se reparten el Gobierno y los grupos parlamentarios que lo apoyan. Ahora se trata de modificar el régimen de permanencia del fiscal general del Estado en su cargo. El proyecto fue presentado por el ministro de Justicia, Félix Bolaños, como una reforma necesaria para el futuro proceso penal, en el que la investigación de los delitos estará en manos del Ministerio Público. La explicación suena a otra trampa del Gobierno, similar a la que el PSOE quiso perpetrar con la 'ley Begoña' cuando la justificó para evitar «acciones judiciales abusivas», según el peculiar dialecto que emplean La Moncloa y Ferraz para encubrir sus verdaderas intenciones legislativas.

Tan burda era la intentona antidemocrática de la 'ley Begoña' que el texto ha quedado encallado. Ahora, el Gobierno reedita su estrategia de confusión vendiendo otro artefacto propagandístico. Si realmente se quiere adaptar la Fiscalía General del Estado al nuevo procesal penal, lo lógico sería que el proyecto de ley de enjuiciamiento criminal estuviera ya en el Congreso de los Diputados. No es así, de manera que resulta inverosímil que la reforma de la Fiscalía sea ahora mismo necesaria para un modelo de proceso penal que no solo no está aprobado, sino que tampoco es proyecto de ley tramitándose en las Cortes.