Fiscalía archiva la investigación contra el rey emérito
Juan Carlos de Borbón no será querellado por la Fiscalía española después de haber escondido 64,8 millones de euros en Suiza, de haber disfrutado de más de siete millones de euros en viajes de lujo abonados por sociedades opacas y de haber utilizado cuentas en España a nombre de terceros para recibir dinero desde el extranjero sin ser detectado. Así lo ha decidido la Fiscalía del Tribunal Supremo, que investigaba al monarca en unas diligencias informativas desde junio de 2020 y que ha decidido archivar todas las líneas de investigación en su contra antes de presentar siquiera una querella.
En una nota de prensa, la Fiscalía General del Estado explica los motivos del archivo de cada una de las investigaciones que se le abrieron. La prescripción y la inmunidad, son las bases sobre las que pivotan los archivos. Sin embargo, después de un año y medio de investigación, la Fiscalía va más allá para justificar el archivo de las diligencias.
Sin indicios de comisiones por el AVE a la Meca
Más allá de la inviolabilidad que ostentaba el rey como monarca, la Fiscalía señala que la investigación "no ha podido establecer, siquiera de modo indiciario", ninguna vinculación entre los 65 millones de euros que recibió de Arabia Saudí y el proyecto del Ave a la Meca.
Esa fue la primera investigación que se abrió, en junio de 2020, y la Fiscalía da por buena la versión de Juan Carlos I, según la cual fue un regalo del rey saudí Abdalá. En caso de que se pudiera entender como un delito de cohecho, los fiscales apuntan además a que estaría prescrito.
Según el documento, también se ha analizado la posibilidad de que se hubiera cometido un delito de blanqueo de capitales a partir de esa recepción de dinero. Aquí la Fiscalía se agarra a la prescripción y a la inviolabilidad del rey para cerrar el caso.
Las tarjetas opacas
La segunda causa era el uso de tarjetas opacas que se nutrían de transferencias de su amigo multimillonario Allen San Ginés Krause, con el ayudante de campo del rey emérito como intermediario.
El importe total de estas transferencias ascendió a 516.606,32 euros, pero la Fiscalía tampoco ha encontrado indicios de que a cambio hubiera contraprestación.
El Ministerio Público recuerda que las transacciones son donaciones y que están sujetas al impuesto de sucesiones y donaciones. Juan Carlos I no pagó lo correspondiente en su momento, pero como señalan los fiscales, el 9 de diciembre de 2020 presentó en la Agencia Tributaria declaración complementaria e ingresó 556.412 euros más los intereses y recargos correspondientes.
Los gastos que le pagó su primo Álvaro de Orleans
La Fiscalía también ha investigado los viajes y otros gastos sufragados por la Fundación Zagatka, a nombre de su primo Álvaro de Orleans, también queda archivada.
Pese a que no se han podido determinar "con precisión" la procedencia y la cuantía de los fondos de la fundación ni los gastos y los pagos, sí se ha constatado que el rey emérito disfrutó de aviones privados y otros servicios con dinero de Zagatka.
En este caso, tampoco se pagaron los impuestos que tocaban, y por eso, hace exactamente un año, el rey emérito presentó dos autoliquidaciones del IRPF correspondientes a los años 2014 y 2018.
El equipo de fiscales, encabezado por Alejandro Luzón, señala que esas declaraciones se produjeron "sin requerimiento previo de la Administración Tributaria". Hablamos de 4.416.757 euros con los que se saldaron las cuentas y se anuló una posible acusación por delito fiscal.
El 'trust' en Jersey
Fue la tercera investigación que se abrió y tiene que ver con un trust (asociación financiera) creada en el paraíso fiscal de Jersey por Joaquín Romero Maura en 2004 con un fondo de 15 millones de euros. El dinero provenía de otros dos creados antes por Manuel de Prado y Colón de Carvajal con el objetivo apoyar al entonces Rey D. Juan Carlos I en el caso de que fuera depuesto por un golpe inconstitucional o una situación similar y tenían a este como único beneficiario.
En 2004, Romero Maura se convirtió en titular. La Fiscalía concluye que "entre 2004 y 2021 no existe indicio alguno que permita vincular el trust con S.M. D. Juan Carlos de Borbón, ni en su gestión ni en la capacidad para disponer de los fondos.
Señala es escrito que "en ningún momento ha tenido la condición de beneficiario del trust ni consta que haya percibido cantidad alguna de sus cuentas.
En todo caso, a partir del 19 de junio de 2014, fecha en la que se hizo efectiva la abdicación de S.M. el Rey Don Juan Carlos I y quedó sin efecto su inviolabilidad, los movimientos de ese fondo no habrían alcanzado la cuota correspondiente al delito fiscal.
Regularizaciones espontáneas
Otro de los puntos que ha tenido que analizar la Fiscalía ha sido la espontaneidad y veracidad de las declaraciones complementarias llevadas a cabo por Juan Carlos I. La conclusión es que sí fueron espontáneas y que se hicieron antes de que se tuviera conocimiento de los hechos.
"Ni en los Decretos de incoación de las Diligencias de Investigación ni en las notificación de las investigaciones se habló de los hechos por los que Juan Carlos I tuvo que regularizar sus fondos. Y eso era así -señala el documento- "por la sencilla razón de que en aquellos momentos se desconocían las circunstancias a las que las mismas se refieren.
Por tanto, "las notificaciones de incoación de Diligencias de Investigación no podían tener, en los momentos en que se realizaron, el carácter de trasladar el conocimiento formal del inicio de diligencias" relacionadas con esos hechos.
"La Fiscalía no tenía entonces constancia del incumplimiento de las obligaciones tributarias", apunta el Ministerio Público.
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