Embrollo judicial por las restricciones de las comunidades tras el estado de alarma

El cambio legal por el fin del estado de alarma comienza a mostrar sus fisuras. Mientras los Tribunales Superiores de Justicia de Baleares y de la Comunidad Valenciana han avalado la restricción de movilidad nocturna en el País Vasco la justicia ha tumbado la propuesta del Gobierno de Íñigo Urkullu.

Los baleares, a expensas de posibles recursos, cuentan ya con aval judicial, después de que el TSJ de Baleares haya autorizado las restricciones acordadas por el Govern, que incluyen la prolongación del toque de queda -de 23.00 a 6.00- hasta el 23 de mayo, además del control a pasajeros nacionales o la limitación del derecho de reunión. También en la Comunidad Valenciana, el tribunal ha amparado la petición del Ejecutivo de Ximo Puig, que podrá aplicar el toque de queda, así como limitar las reuniones sociales a un máximo de diez personas.

No pasa lo mismo en el País Vasco, donde el Tribunal Superior de Justicia vasco no ha respaldado las medidas del Ejecutivo vasco en línea con la postura de la Fiscalía, que ya se pronunció este jueves continuar con los cierres perimetrales y el confinamiento nocturno a partir de las 22.00 horas.

Se trata, pues, del primer encontronazo entre dos tribunales sobre una misma cuestión: restringir la movilidad nocturna, una de las medidas que carecerán de cobertura legal a partir de las 00:00 horas de este domingo al decaer el estado de alarma.

Navarra y la Comunidad Valenciana ya han manifestado su intención de mantener el toque de queda nocturno a partir del 9 de mayo, pero todavía sus tribunales superiores no se han pronunciado.

El toque de queda es una de las medidas amparadas en el estado de alarma que decae el próximo domingo, por lo que las autonomías necesitan un aval judicial para llevarlo a cabo y, en último término, y a raíz de un decreto del Gobierno, será el Tribunal Supremo el que marque doctrina.

El Consejo de Ministros aprobó el pasado día 4 un decreto que prevé la posibilidad de recurrir ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo las medidas adopten las comunidades autónomas que limiten o restrinjan derechos fundamentales. A este respecto se ha pronunciado este viernes el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, quien no cree que el cambio legal por el fin del estado de alarma vaya a colapsar al Supremo por tener que resolver recursos contra restricciones en comunidades autónomas y ha ofrecido reforzarlo si es necesario.

En este sentido ha mostrado su discrepancia con las declaraciones realizadas a Efe el pasado día 5 por el presidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, César Tolosa. Tolosa alertó del "déficit importante" que a su juicio existe en la legislación sanitaria de urgencia y opinó que el hecho de que los jueces dictaminen antes de su implantación qué medidas son las adecuadas "no es el mejor sistema" y añadió: "Los jueces no estamos para gobernar, esas decisiones corresponden a los poderes públicos". Campo ha apelado al "sosiego" y ha señalado: "El Supremo tendrá que hacer todo el esfuerzo y las administraciones y el Ministerio si hace falta reforzaremos la Sala con personal".