La sección quinta de la sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha estimado un recurso interpuesto en 2015 por la Abogacía del Estado, en nombre del Ministerio de Educación, contra varias resoluciones de la Generalidad en materia de lenguas vehiculares en la enseñanza y ha decretado que se debe establecer un mínimo del 25% de la enseñanza en castellano. El TSJC considera que el uso de esta lengua es "residual".
Con este mazazo, la Justicia catalana cuestiona todo el modelo de inmersión lingüística catalana y asimismo pone en solfa el modelo de enseñanza que propone la ley Celaá.
Hasta ahora, los tribunales catalanes concedían el 25% de la educación en castellano a los alumnos de familias que lo habían solicitado. La Generalidad, sin embargo, se negaba sistemáticamente amparándose en el modelo de inmersión lingüística.
"Pedro Sánchez y la ministra de Educación deben permitir que la sentencia se aplique de inmediato", ha declarado el líder de la oposición, Pablo Casado, a unas bodegas de cava en Pontons, en la provincia del Penedés. "El castellano debe seguir siendo vehicular", ha remarcado.