El Supremo tumba el recurso de Benidorm, que tendrá que pagar 330 millones por los suelos de Serra Gelada
El Tribunal Supremo, en una providencia fechada a día 2 de abril, ha tumbado el recurso presentado por el Ayuntamiento de Benidorm contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunitat Valenciana que condenaba al consistorio al pago de algo más de 330 millones de euros a los propietarios de los terrenos ubicados en Serra Gelada por el incumplimiento de los convenios urbanísticos acordados. La resolución obliga, por tanto, a la ciudad a asumir la millonaria indemnización.
El inicio de este largo litigio se remonta más de dos décadas en el tiempo, cuando el Ayuntamiento de Benidorm y los dueños del Área de Planeamiento Remitido (APR) 7 firmaron un convenio por el que el Consistorio, ante la inminencia de la declaración de la Serra Gelada como Parque Natural y, por lo tanto, área protegida, se comprometió a compensar a los dueños con suelo en otras zonas del municipio.
Aquel documento, que había sido modificado en dos ocasiones previas a su caducidad en 2018, jamás llegó a sustanciarse. Fue entonces cuando se inició un larguísimo periplo judicial que culminó a finales de mayo del pasado año con aquella sentencia de la Sección Primera de la Sala del Contencioso-Administrativo del TSJ dando la razón a los propietarios de los terrenos. Dicha decisión respaldaba la sentencia del juzgado número 3 de lo Contencioso-Administrativo de Alicante que condenaba al Ayuntamiento de Benidorm al pago de 283.055.720,12 euros más intereses legales, calculados en unos 50 millones de euros, lo que elevaba la cuantía total a algo más de 330 millones de euros.
Ante este duro revés jurídico, el Ayuntamiento presentó un recurso ante el Tribunal Supremo, un recurso que ahora ha sido inadmitido por el Alto Tribunal en una providencia muy dura que los magistrados argumentan, en primer lugar, por la «falta de fundamentación suficiente, con singular referencia al caso (…) que permite apreciar el interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia y la conveniencia de un pronunciamiento» de esa sala del TS. En segundo lugar, apuntan a la «carencia, en los términos en los que ha sido preparado el recurso, de interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia».
José Domingo Monforte, director de Domingo Monforte Abogados, la firma que ha llevado la defensa de los intereses de los propietarios del suelo, ha afirmado a TodoAlicante, nada más conocerse esta providencia, que «hemos tenido siempre la confianza en la Justicia. Los convenios que firma la Administración son para cumplirse, y la sentencia del TSJCV, además de justa, era de una excelente factura jurídica y se defendía por sí sola, como así ha sido con la inadmisión del recurso de casación».
Por todo ello, el Tribunal Supremo ha rechazado el recurso del Ayuntamiento de Benidorm que ahora sumará, además, las costas procesales de este intento fallido para no tener que abonar los 330 millones de euros impuestos por la sentencia del TSJ que ahora es firme y contra la que ya no caben más recursos.
Junta de portavoces urgente
La noticia, adelantada por TodoAlicante en exclusiva, ha corrido como la pólvora por Benidorm en la tarde de este jueves sin que, por el momento, se hayan producido reacciones oficiales a la misma.
Este medio se ha puesto en contacto con el consistorio benidormense para conocer su reacción tras este durísimo revés jurídico (y económico) y fuentes municipales se han limitado a señalar que el alcalde de la ciudad, Toni Pérez, ha convocado para esta misma tarde una Junta de Portavoces y que mañana habrá una reunión de los servicios jurídicos para informar al respecto. No será hasta después de conocer esa valoración técnica cuando el gobierno local se pronuncie sobre esta cuestión.
Por el momento, tampoco se ha querido hacer valoración alguna desde el principal partido de la oposición, el PSPV-PSOE, cuya portavoz, Cristina Escoda, confirmaba esa convocatoria de la junta de portavoces y posponía cualquier declaración a la finalización de ese cónclave.
Escoda ya pidió la dimisión del primer edil tras conocerse la sentencia del TSJ afirmando entonces que la sentencia suponía un “auténtico varapalo” y acusó al alcalde de “llevar al ayuntamiento al precipicio” ya que esa cuantía millonaria iba a “hipotecar a nuestro hijos y nietos”.
La portavoz del PSOE pidió entonces la dimisión del alcalde por “no haber actuado en beneficio de los intereses de los ciudadanos” y le acusó de haber actuado “con prepotencia y altivez”. Ya entonces Escoda criticó que “el pago de la sentencia supone dos presupuestos y medio anuales, lo que es una quiebra técnica para el Ayuntamiento”.