El Gobierno se niega ahora a plantear una alternativa legal al estado de alarma

Ni 12 horas ha tardado el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, en corregirse a sí mismo. Poco después de ha publicar una columna en El País, señalando que propondían reformas legales alternativas al estado de alarma si así lo aconsejaba el Supremo, Campo ha virado abruptamente su postura, para afirmar todo lo contrario: que no se prepara ningún cambio normativo para restringir derechos fundamentales tras el fin del estado de alarma.

En una entrevista en La Sexta, Campo ha señalado que, en su opinión particular, un gobierno autonómico no puede acordar un toque de queda, pero ha insistido en que puede pedir al Ejecutivo central que se decrete el estado de alarma en su territorio para aplicar esa medida. Es el mensaje que ha lanzado además a la comunidades gobernadas por el PP ante las incesantes críticas al Ejecutivo de Pedro Sánchez: si ven necesario el estado de alarma, que lo pidan para su territorio.

Lo que, a su juicio, el Gobierno no puede hacer es mantener la excepcionalidad que supone ese estado para todo el territorio, teniendo en cuenta las diferente incidencia de la pandemia en cada comunidad y el avance de la vacunación.

Campo ha tachado de "bastante lamentable" la situación vivida este fin de semana en muchas ciudades al acabar el estado de alarma, con fiestas y botellones multitudinarios, pero ha insistido en que "no hay necesidad ninguna de hacer un cambio normativo ahora mismo" porque comunidades y ayuntamientos tienen "un arsenal normativo" para impedirlo.

Los gobiernos autonómicos pueden poner horario de cierre a la hostelería y los comercios y organizar botellones, por ejemplo, está ya prohibido por ordenanzas municipales, ha apuntado.

El ministro ha considerado que el PP y los gobiernos autonómicos que lidera ese partido "prefieren que las decisiones las tomen otros", "que otro le ponga el cascabel al gato", y ha tildado de "infumable" la reforma legal que plantean, al dejar en manos de as comunidades la restricción de derechos fundamentales.

A su entender, deben ser los jueces quienes determinen la proporcionalidad de las medidas que afecten a derechos y el Supremo será el encargado de unificar criterios y dar seguridad jurídica, en un proceso que durará una semana o semana y media.