El Gobierno prepara una alternativa legal si el Supremo tumba el toque de queda
El Gobierno de Canarias ha anunciado este domingo que interpondrá un recurso de casación ante el Tribunal Supremo contra el auto del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) que deniega mantener el toque de queda y el cierre perimetral, y mientras tanto ha decidido que estas medidas sigan vigentes.
Esta es la acción legal en la que ya trabaja el Gobierno regional tras serle notificado el mencionado auto del TSJC, en el que se ratifican solo algunas de las medidas adoptadas por el Consejo de Gobierno canario. Se trata de la primera comunidad autónoma que va a elevar su drecreto de restricciones al Alto Tribunal con objeto de que ratifique sus medidas y, así, siente jurisprudencia para otras regiones y sean unificados criterios.
Las primeras resoluciones judiciales conocidas la semana que viene certificaron el embrollo legal en el que se encuentran las comunidades tras el fin del estado de alarma, que decayó este domingo. Mientras el Tribunal Superior de Justicia de País Vasco tumbó las restricciones del Gobierno vasco, que incluían toque de queda, en la Comunidad Valenciana y en Baleares, sus jueces ha respaldad la restricción a la movilidad nocturna. Navarra continúa a la espera de que el tribunal superior de la Comunidad Foral se pronuncie sobre las medidas propuestas por esta comunidad.
El Gobierno de Canarias espera que el Tribunal Supremo adopte una línea común tras autos de distinta índole en varias comunidades autónomas. En algunas de ellas, se ratificaron medidas similares a la canaria como el toque de queda, añade. El Ejecutivo regional valora, no obstante, que el auto del TSJC dé conformidad legal a algunas medidas, entre ellas las relacionadas con la limitación del número máximo de personas no convivientes.
Ante el escenario de que el Supremo no avale las restricciones que propone Canarias y, en concreto, el toque de queda, el Gobierno se abre a cambiar la ley, como le pide insistentemente el PP desde hace meses. Así lo explica Juan Carlos Campo, ministro de Justicia, en un artículo publicado en El País, en el que señala que si de las resoluciones del Alto Tribunal "se desprende la necesidad de realizar cambios legales adicionales, se estudiarán y propondrán a las Cortes". Ahora bien, advierte Campo, las comunidades cuentan con una ley general de salud pública y otra de seguridad nacional: "Incluso las administraciones locales cuentan con instrumentos útiles en la prevención".
En cualquier caso, recuerda el ministro, los gobierno autonómicos tienen la posibilidad de solicitar al Ejecutivo central el estado de alarma para su territorio. "Es una posibilidad específicamente prevista en nuestra legislación que el Gobierno central ya se ha comprometido a apoyar".
El PP insiste en su propuesta
"Nosotros ofrecimos hace un mes un plan B jurídico que permitiera a las comunidades autónomas gestionar la pandemia de forma autónoma", ha recordado este lunes Teodoro García Egea en una entrevista en la Cadena SER, en la que ha afeado a Pedro Sánchez su falta de "diálogo" para abordar el escenario tras el estado de alarma.
"Si el Gobierno quiere, en 15 días acabamos con esta inseguridad jurídica", ha afirmado el secretario general del PP sobre la proposición de ley que ha sido registrada por su formación en el Congreso y que busca legislar en un contexto de pandemia a través de la ley ordinaria sin necesidad de recurrir a la medida excepcional del estado de alarma. "Por supuesto se puede hablar de la propuesta. Yo creo que el Gobierno debería pensar más en propuestas útiles que de quién parte. Le cedemos esta autoría para la situación se solucione".
García Egea lamenta la negativa del Ejecutivo de aceptar la propuesta del PP y asegura que se trata del “Gobierno que menos ha dialogado de la historia”. Advierte, asimismo, al Gobierno de que “la fase del chantaje legislativo ya ha pasado” y aboga por establecer un marco jurídico para evitar que, “hasta que se ponga la última vacuna”, se pierda el tiempo en debatir sobre estas cuestiones.