Ceuta: cuando la integridad territorial deja de ser un concepto

Por Francisco González Fernández

Vivimos tiempos tan convulsionados que aplicamos artículos de la Constitución que el constituyente incluyó más como programa que como herramienta real: la prohibición del autoindulto, la amnistía, el referéndum de autodeterminación catalán… El texto sigue dando respuestas. Solo falta voluntad y agallas para aplicarlas.
Lo de Ceuta esta semana no es una “crisis migratoria”. Llamarlo así es minimizarlo. Cuando en 72 horas entran entre 50.000 y 60.000 personas en una ciudad de 83.595 habitantes —el propio Juan Jesús Vivas lo cifró en el 70 % de la población—, no estamos ante un problema fronterizo. Estamos ante una ocupación territorial ilegítima. Y frente a una ocupación de ese calibre que afecta a la soberanía —la capacidad del Estado de ejercer el mando sobre su territorio—, el Estado tiene un deber: defender la integridad territorial.
No lo digo yo. Lo dice el artículo 8.1 de la Constitución: «Las Fuerzas Armadas… tienen como misión garantizar la soberanía e independencia de España, defender su integridad territorial y el ordenamiento constitucional». La Ley Orgánica 5/2005 de la Defensa Nacional lo repite en su artículo 15.1 y añade en el 15.3 que las FAS «deben preservar la seguridad y bienestar de los ciudadanos en los supuestos de grave riesgo, catástrofe, calamidad u otras necesidades públicas».
¿Hay “grave riesgo” cuando 60.000 personas colapsan una ciudad de 83.000, hay decenas de muertos, el comercio cierra, la gente duerme en la calle y el presidente de Ceuta pide emergencia por motivos de seguridad nacional? Sí. ¿Cuál ha sido la respuesta del Gobierno?
Pedro Sánchez ha reconocido una “violación de la integridad territorial de España”. Si es así, las consecuencias deben ser coherentes. Se ha movilizado al Ejército de Tierra “para apoyar a la Guardia Civil”, se han instalado barreras neumáticas y boyas, se ha firmado un acuerdo de devoluciones con Marruecos. Manifiestamente insuficiente. El artículo 15.3 no dice que el ejército “apoye”; dice que “preserve”. Cuando la Guardia Civil está sobrepasada y las calles parecen una manifestación permanente de personas irregulares, hambrientas y en muchos casos violentas, el apoyo subsidiario no basta. Hace falta despliegue expreso de las FAS con mando y misión de control del territorio, junto a las FCSE, conforme al 8.1 CE.
El Gobierno dirige la defensa (arts. 5 y 6 LO Defensa Nacional). En este caso ha elegido la vía mínima.
¿Y el Jefe del Estado dónde está en esta crisis?
El artículo 56.1 de la Constitución establece que el Rey “arbitra y modera el funcionamiento regular de las instituciones” y es “símbolo de su unidad y permanencia”. El 62.h le otorga el mando supremo de las Fuerzas Armadas. Es cierto que no puede decidir por sí solo: sus actos van refrendados por el Gobierno. Pero su función de arbitraje y moderación en una crisis de esta magnitud no puede limitarse a un tibio comunicado desde el palacio donde pasa las vacaciones en Mallorca.
Cuando el propio Gobierno admite un ataque a la soberanía y una parte del territorio nacional está desbordada, el Jefe del Estado tiene la obligación institucional de hacerse presente y de instar al Presidente del Gobierno a emplear todos los medios que la Constitución pone a su disposición, incluido el mando supremo de las FAS. El silencio, en estos casos, también es una decisión política. Tolerar es casi tan execrable como propiciar.
Una vez más, como ya sucedió con la Ley de Amnistía, la Casa Real opta por la invisibilidad y la comodidad. En una monarquía parlamentaria la función del Rey no puede ser meramente decorativa. Un Rey debe ser valiente y hacerse ver en los momentos decisivos de la vida del país. Aquí, otra vez, ha preferido no estar.

Ceuta no necesita titulares. Necesita Estado. Necesita que se apliquen las leyes que ya tenemos. El 8.1 CE no condiciona la defensa de la integridad a la llegada de un ejército extranjero con tanques. Condiciona a que el territorio español esté bajo control español y sus ciudadanos a salvo. Hoy no lo está. Negar que 60.000 entradas ilegales son un problema de defensa nacional es negar la realidad. Y negar la realidad cuando la ley te da las herramientas es dejación de funciones.
España no se defiende con boyas. Se defiende con decisión. Esa decisión, señor Presidente, le corresponde a usted. Y a Su Majestad el Rey, a falta de iniciativa presidencial, le corresponde instarla. Porque si no defendemos Ceuta hoy, España deja de existir como la conocemos.
La vergüenza caerá sobre quienes, pudiendo defender la integridad de su patria, prefirieron mirar hacia otro lado.