Benidorm ha adaptado prácticamente todos sus cruces semafóricos a la nueva normativa estatal, pese al escaso plazo dado por el Gobierno

El concejal de Movilidad, Francis Muñoz, ha explicado hoy que “Benidorm ha adaptado prácticamente todos sus cruces semafóricos a la nueva normativa estatal en tiempo y forma, pese al escaso plazo dado por el Gobierno de España a los municipios para hacer esta adaptación”. Muñoz ha respondido así a las acusaciones lanzadas por los socialistas en pleno al respecto de la aplicación del Real Decreto 518/2026, que modifica el Reglamento General de Circulación y que entró en vigor el 1 de octubre.

Según ha expuesto el edil, “solo restan uno o dos cruces semafóricos, de los más de 50 que tiene la ciudad, para adaptar a la nueva normativa; algo que no ha podido hacerse por problemas técnicos”. Por tanto, “en la inmensa mayoría de los cruces semafóricos de Benidorm la luz amarilla intermitente para vehículos ya no coincide con luz verde no intermitente para los peatones”.

Muñoz ha insistido en que “en Benidorm este proceso de adaptación, que ha sido complejo y costoso, se ha añadido al trabajo ordinario del servicio mantenimiento de semáforos”, por lo que “haber llegado en tiempo y forma a los plazos impuestos por el Gobierno ha generado cierto estrés a los trabajadores del servicio que han hecho un esfuerzo extraordinario para que Benidorm cumpla”. De ahí que “afirmar en un pleno y posteriormente en una rueda de prensa que Benidorm incumple el nuevo Reglamento de Circulación, como ha hecho el PSOE, es, además de mentira, una falta de respeto enorme a los trabajadores del servicio”.

El edil ha informado que la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) ha mostrado malestar ante los exiguos plazos dados por el Gobierno a los Ayuntamientos para adaptarse a una norma que “exige cambios que generan un trastorno importante en el servicio ordinario de mantenimiento de semáforos”.

Muñoz ha ahondado en que la nueva normativa requiere de “inversiones grandes” que han de seguir un proceso de contratación administrativa que “difícilmente puede completarse con el escaso margen que ha dado el Gobierno. De ahí que cada Ayuntamiento haya tenido que componérselas para intentar cumplir, cosa que todos no han logrado y de ahí la queja formal de la FEMP”.

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