120 euros al año: el nuevo impuesto catalán al automóvil que podría extenderse al resto de España
En 2017 el Parlamento de Cataluña aprobaba la puesta en funcionamiento del conocido como el impuesto al CO2, una tasa que grava las emisiones de CO2 de los vehículos.
Se trata de una tasa que entra dentro del ámbito de la recaudación autonómica, y en este caso se encuadra dentro del ámbito de la ley catalana contra el cambio climático.
Cataluña abre el camino
Aunque por el momento Cataluña es la única comunidad autónoma que la ha puesto en funcionamiento, el resto de regiones tiene capacidad para su aplicación.
La tasa afecta a furgonetas, coches y motocicletas, y en su momento fue invalidada por el Tribunal Constitucional, lo que obligó al Gobierno catalán a modificar las condiciones de aplicación para darle validez.
Finalmente fue aprobada en 2019 con la única oposición del PP y, tras su puesta en funcionamiento, en 2022 el 20 de noviembre termina el plazo para que los conductores paguen la tasa correspondiente por cada coche matriculado a su nombre. A partir de ese día el cobro entrará en recaudación ejecutiva con intereses.
120 euros de media
Hay que tener en cuenta que la tasa grava las emisiones de CO2, por lo cual se trata de un pago único anual de entre 0,55 y 1,10 euros por gramo de CO2 emitido a la atmósfera, cantidad que debe multiplicarse por las emisiones de CO2 que refleja la ficha técnica de cada vehículo.
Si tenemos en cuenta que las emisiones medias de CO2 en 2022 en España fueron de 120 gramos/kilómetro por automóvil, significa que los más de 4,4 millones de vehículos que hay en Cataluña van a tener que hacer frente a un pago anual extraordinario en torno a los 120 euros de media, una cantidad que será aun mayor en el caso de los 700.000 vehículos industriales ligeros allí matriculados y algo menor en las 170.000 motocicletas.
Vehículos exentos
La tabla es proporcional, de manera que los vehículos con menores emisiones pagan menos, del mismo modo que quedan exentos tanto los coches eléctricos como los autobuses y los vehículos históricos, aquellos con más de 30 años y reconocidos como tales por Tráfico.
También quedan exentos por el momento los turismos que emitan menos de 120 g/km y los industriales ligeros por debajo de 160 gramos/kilómetro. Pero este último tramo podría variar conforme se reduzcan las emisiones medias del parque móvil.
Diferentes asociaciones catalanas de conductores han calificado este tributo medioambiental como injusto, pues se trata de un nuevo caso de doble imposición, ya que los conductores ya pagan un impuesto por emisiones cuando compran un vehículo e incluso cuando pagan el impuesto municipal de circulación.
Hasta el momento el Gobierno catalán ha recaudado casi 170 millones de euros por este concepto.
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